Gobierno de Sheinbaum entrega iniciativa del “Plan B” al Senado

Ante el Senado de la República fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, con el objetivo de reducir privilegios en el servicio público y modificar el mecanismo de revocación de mandato, como parte del llamado “Plan B” en materia electoral.

El documento, enviado por la Presidencia de la República, plantea una reconfiguración del gasto público y del funcionamiento de las instituciones, bajo el argumento de combatir excesos y acercar el poder a la ciudadanía.

Entre los puntos más relevantes, destaca la reducción progresiva del presupuesto del Senado, que deberá ajustarse hasta alcanzar una disminución acumulada del 15 por ciento respecto al ejercicio fiscal de 2026, en lo que representa un ajuste directo al gasto del Poder Legislativo. Además, se establece un tope al presupuesto de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.70 por ciento del gasto estatal, como parte de una política de austeridad orientada a contener el uso de recursos públicos.



La iniciativa también propone eliminar beneficios de la alta burocracia, como seguros privados, fondos especiales o esquemas de retiro financiados con dinero público, salvo aquellos establecidos en la ley.

En el plano municipal, se plantea reducir la integración de los ayuntamientos, limitando el número de regidurías a un máximo de 15, con el argumento de evitar estructuras sobredimensionadas y redirigir los recursos a obra pública y servicios. En cuanto a la revocación de mandato, la propuesta introduce cambios en sus reglas de aplicación: establece que solo podrá realizarse una vez durante el periodo presidencial, amplía el tiempo para solicitarla al segundo o tercer año de gobierno y fija su realización en el tercer o cuarto año del mandato.



Asimismo, contempla que la persona sujeta al proceso pueda participar en su difusión y promover el voto a su favor, lo que podría generar debate sobre el uso político de este mecanismo.

El documento argumenta que estas modificaciones buscan ajustar el funcionamiento de la democracia participativa y garantizar mecanismos de evaluación ciudadana sobre el desempeño de los gobernantes. Con esta iniciativa, el gobierno federal intenta avanzar en su agenda de reforma electoral por una vía alterna, tras los obstáculos para concretar cambios más amplios en el sistema.