El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha recibido 16 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Estas recomendaciones están enfocadas en el módulo de prisión preventiva conocido como "El Penalito", ubicado en la colonia Playa Linda de la ciudad de Veracruz, en el cual se encuentran oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de personal de la policía naval.
De acuerdo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, quien estuvo acompañado de Tomás Mundo Arriasa y Jaime Téllez, del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, la CNDH incluso presentará una denuncia contra el personal de seguridad y custodia del lugar.
Asimismo, darán un plazo de tres meses para emitir el decreto de creación del módulo de prisión preventiva digno.
Cabe recordar que estos tres personajes fueron quienes, en septiembre del año pasado, realizaron una visita y recorridos por "El Penalito", razón por la que presentarán una queja ante la CNDH tras observar la forma en que se manejan a los custodiados.
"Una recomendación de 94 hojas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le dirige al maestro Cuitláhuac García Jiménez le da 16 recomendaciones sobre El Penalito, de entrada, le dice 'dale vista al órgano de control', luego le dice 'oye Gobernador, levanta las denuncias que tengas que levantar'", destacó el abogado Jaime Téllez.
Téllez señaló que un promedio de 25 reos se mantienen privados de su libertad en ese lugar en espacios pequeños de cinco por tres metros, además de que duermen sobre cartón.
Agregó que los detenidos no cuentan con acceso a los elementos más indispensables de higiene, y ni siquiera hay separación entre varones y mujeres. Además, no tienen acceso a la salud, incluidos quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.
Además, el abogado expresó que las personas privadas de su libertad en "El Penalito" presuntamente les cobran por permitirles hacer llamadas telefónicas.
Téllez indicó que García Jiménez cuenta con un plazo de 15 días para aceptar la recomendación y que el Congreso local puede llamarlo a comparecer en caso de que se niegue a atender los puntos emitidos por la CNDH.
“Se trata de la recomendación 307/2023, emitida el 15 de diciembre pasado, donde se señala sobre violaciones a los derechos humanos como una estancia digna y segura, protección a la salud, alimentación; dotación de ropería, insumos de higiene personal y artículos de limpieza; trabajo y capacitación para el mismo, educación y deporte; comunicación con el exterior y trato digno”, finalizó.
