Gobierno de Yunes, el que más observaciones ha tenido por parte del ORFIS

Derivado de la segunda fase del procedimiento de fiscalización superior, correspondiente a la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, hasta este momento el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha formulado en total de 174 denuncias penales.

El importe de daño patrimonial ascendería a los 33 mil 570 millones 162 mil 962 pesos por un periodo de 11 años, del 2007 al 2018.

A través de la aplicación del organismo, se dio a conocer que dichas denuncias también son resultado de los Procedimientos de Investigación y seguimiento a las observaciones determinadas en ejercicios anteriores.



La Cuenta Pública 2018, correspondiente a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares es la identificada con el mayor monto fiscalizado por el orden de los mil 44 millones 523 mil pesos, referente a la Sistema de Videovigilancia, por lo cual se promovió la denuncia ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el número de investigación NA/CDMX/FECC/0000117/2019.

Le sigue la Cuenta Pública del año 2013, con 389 millones 956 mil 173 pesos y la del 2017, con 329 millones 389 mil 899 pesos. Es decir, el bienio panista es el más observado por el ente fiscalizador.

La denuncia por la Cuenta Pública 2019 es derivada del seguimiento de observaciones de la correspondiente a la 2017, por lo que también se interpuso una denuncia más.



Hay también denuncias derivadas de seguimiento a observaciones determinadas como administrativas de ejercicios anteriores, como es el caso del Puente Capoacán en Minatitlán, del año 2015 por un monto de 44 millones de pesos.

Del año 2016 en contra de SEDESOL, SEV, PC, por concepto de empresas no localizadas, para lo cual existe una investigación ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT); el daño patrimonial aquí es de 940 millones de pesos.

De da cuenta también de tres denuncias por inconsistencias en registros contables. El ente fiscalizable es la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), para lo cual se promovieron tres denuncias también ante la Fiscalía General de la República.