Gobierno estatal destinará 40% de ingresos por verificación a modernizar transporte público

Para el próximo año, el Gobierno del Estado destinará el 40 por ciento de los ingresos por la verificación vehicular al fideicomiso público para la “Modernización del Sistema de Transporte Público de Pasajeros”.

Para ello, actualizó los montos del pago que realiza la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a los entes verificadores por la prestación del servicio de verificación vehicular.

A través de un acuerdo, el titular de la dependencia, Miguel Reyes Hernández determinó que por el importe que se cubra por cada servicio de verificación vehicular, se distribuirá en un 60 por ciento en favor del ente verificador y un 40 por ciento en favor del Gobierno del Estado de Veracruz.



El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se considerará incluido dentro del porcentaje asignado al ente verificador, mientras que el costo por la adquisición de hologramas será cubierto por el Gobierno del Estado.

El importe por pagar al ente verificador por la verificación estática, dinámica y diésel será de 2.5221 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Una vez cumplidas las formalidades legales, SEFIPLAN realizará el pago a los concesionarios por los servicios prestados, a partir del día siguiente a su tramitación y dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles.



El acuerdo entrará en vigor el 1° de enero de 2026 y será aplicable a los entes verificadores denominados “Verificentros”.

Recordó que el fideicomiso público para la “Modernización del Sistema de Transporte Público de Pasajeros” tiene, entre sus fines, la adquisición de unidades de transporte público modernas, seguras y sustentables, que cumplan con los estándares de calidad y la normatividad vigente, priorizando tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente; así como la reducción de los niveles de contaminación ambiental y sonora, promoviendo el uso de tecnologías sustentables en el transporte público.

En ese sentido, se dispone que los recursos provenientes de los derechos obtenidos por la prestación del servicio de verificación vehicular serán canalizados de manera exclusiva a dicho Fideicomiso, mediante lo cual el Estado impulsa políticas públicas orientadas a satisfacer la utilidad pública de prevenir y controlar la contaminación.



Aunado a ello, dijo que la concesión que otorga el Estado para la prestación del servicio público de la verificación vehicular constituye un acuerdo mediante el cual el Gobierno autoriza a un particular a operar y mantener dicho servicio, a cambio de determinadas condiciones y con la posibilidad de obtener beneficios económicos derivados de su explotación; sin embargo, no debe perderse de vista que se trata de una actividad de naturaleza pública, cuyo objeto es satisfacer necesidades colectivas y de interés general de la población.