Gobierno estatal presentaría 53 denuncias contra constructoras locales y foráneas

La titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de Veracruz, Yolanda Baizabal Silva, señaló que son más de 53 los expedientes que podrían derivar en denuncias penales contra constructoras locales y foráneas, debido a las irregularidades que se han detectado en la actual administración.

Sin embargo, alertó que hay aproximadamente 180 archivos que se siguen analizando, puesto que las empresas responsables pudieron haber cometido alguna irregularidad que podría ameritar un recurso legal en su contra.

“Tenemos alrededor de 180 expedientes y 53 en los que a la fecha ya se pudiera estar abriendo un proceso; no soy abogada, pero el área jurídica interpondrá el recurso por lo que resulte”, expuso.



Refirió que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ha detectado diversos incumplimientos, como obras pagadas y no concluidas; así como falta de documentación para el cierre de los proyectos.

“Se está haciendo una regularización de todos los expedientes para revisar primero si se cerró toda la obra o no. Ya sabemos que en algunas otras administraciones no se terminaron las obras convenientemente, entonces es nuestra responsabilidad checarlo”, justificó la titular de la SIOP.

Reconoció que no son procesos legales sencillos y apuntó que es posible que haya algunas empresas foráneas involucradas; aunque dijo desconocer el dato exacto.



“Al menos en estos momentos se van a iniciar algunas acciones con unos 53 expedientes (…). Son procesos que tienen diversos estados o fases, algunos se están analizando y otros ya están en proceso legal”, indicó la funcionaria estatal.

Además, sostuvo que no todas las irregularidades corresponden al sexenio de Javier Duarte, ya que hay pendientes que se remontan a gobiernos anteriores; aunque no precisó cuáles.



Cabe recordar que apenas ayer martes el Consejo Coordinador Empresarial (CCEX) región Xalapa informó que al menos unas 40 empresas constructoras fueron boletinadas por la Secretaría, ya que en la pasada administración incumplieron sus contratos; cifra que es mucho menor a lo expuesto por la funcionaria.