Gobiernos Estatal y Municipal deben garantizar paridad de género en cargos directivos

Para seguir contribuyendo en el proceso de romper la concepción de que la mujer es inferior, por el hecho de serlo, este día entró en vigor la reforma a la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que obliga a las autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos autónomos y a los municipios establecer acciones afirmativas para garantizar la paridad de género en los cargos directivos.

También garantiza la paridad de género en la participación y representación al interior de las estructuras de los partidos políticos, en las candidaturas y en la asignación de los cargos de elección popular, en términos de la legislación electoral.

Ahora ya es una obligación de las autoridades y organismos públicos desarrollar acciones que asignen recursos financieros que aseguren el acceso de las mujeres a los microcréditos, los préstamos y otras formas de crédito, para promover su iniciativa empresarial, con atención especial en las mujeres indígenas, del medio rural, las afrodescendientes y las mujeres con discapacidad.



Asimismo, para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, el sistema educativo estatal deberá fortalecer los mecanismos de apoyo para garantizar a las niñas y adolescentes estudiantes embarazadas, la continuación de sus estudios, durante el embarazo y después del parto.

La reforma establece que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán garantizar, en el ámbito de su competencia, el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Por ello, el Poder Ejecutivo deberá implementar y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y cumplimiento de las políticas de igualdad sustantiva en el Estado, mediante la aplicación del principio de transversalidad.



El Poder Legislativo aprobará reformas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y hombres; y armonizar las leyes conducentes para garantizar la paridad de género en la representación política y en los puestos directivos de todos los órganos públicos.

Y el Poder Judicial tendrá que adoptar medidas para la aplicación efectiva del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; e institucionalizar programas de formación y capacitación con perspectiva de género, para todo el personal.

Mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá vigilar la observancia de las políticas en materia de igualdad y construir un Sistema de Información que permita conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia.