Greenpeace escala presión por derrame en el Golfo: acusa opacidad y daño extendido

Con 29 mil 637 firmas reunidas y una meta de 50 mil, la organización ambiental Greenpeace México endureció su presión contra el Gobierno de México por el derrame de petróleo en el Golfo, al denunciar que hubo conocimiento temprano del daño, contención insuficiente, opacidad oficial y un intento por desacreditar la documentación ciudadana sobre una contaminación que, asegura, ya alcanza al menos 630 kilómetros de litoral.

Ante ello, la organización lanzó una campaña de presión pública para exigir al Gobierno de México que actúe ante el derrame de petróleo en el Golfo, informe con transparencia sobre sus impactos y responda por el daño ambiental y social que ya afecta a comunidades costeras.

De acuerdo con la organización ambiental, el derrame sigue impactando las playas de la línea costera en Veracruz y ecosistemas clave como manglares y lagunas, mientras el crudo se ha dispersado del mar hacia las costas de Tabasco, Veracruz y también al sur de Tamaulipas, cubriendo “al menos 630 km de litoral, casi la totalidad del corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México”.



Greenpeace México sostiene que no se trata solo de manchas visibles en la superficie. En una de sus publicaciones advierte que, dependiendo del tipo de crudo, información que, afirma, el gobierno debería hacer pública pero que hasta ahora se desconoce, existe la probabilidad de que parte del petróleo vertido haya llegado al fondo del mar, lo que ocasionaría impactos en la biodiversidad marina, incluyendo arrecifes, algas, pastos marinos y esponjas.

La organización también alerta que las personas de las comunidades afectadas ya están limpiando sus playas y al mismo tiempo resintiendo consecuencias directas en sus actividades, en su economía y en su salud, sin contar con información ni protección suficiente para prevenir mayores afectaciones, acusa.

En su campaña digital, Greenpeace lanzó una petición pública con un mensaje central de confrontación hacia la respuesta oficial. “¡Qué no desacrediten nuestra voz!”, señala el encabezado de la plataforma en la que pide a la ciudadanía firmar para exigir al Gobierno de México que no ignore lo que están viviendo las comunidades y el impacto a los ecosistemas marinos y costeros.



La organización ambiental plantea de forma textual que la exigencia es que el gobierno “actúe, informe con transparencia y responda ante el daño ambiental y social que este derrame está dejando”, al tiempo que impulsa una presión pública para evitar, “más desastres como éste con una política energética basada en fuentes renovables, no en petróleo”.

Greenpeace también afirma que “no sólo estamos viendo petróleo en el mar. Vemos playas contaminadas, ecosistemas heridos y comunidades enteras enfrentando solas una crisis que no provocaron”, con lo que coloca el énfasis no sólo en el daño ecológico, sino en el costo social que ya enfrentan las poblaciones costeras.

Sobre el origen y la dimensión temporal del desastre, la organización difundió una cronología en la que asegura que entre el 6 y el 10 de febrero una embarcación permaneció en una zona cercana a la plataforma Abkatún, donde habría comenzado el vertido. Añade que el 11 de febrero la descarga de la embarcación se intensificó, aumentando el volumen del derrame.



Según esa misma cronología, para el 13 de febrero el vertido ya era claramente visible y al menos cinco embarcaciones se detectaban en la zona. Un día después, el 14 de febrero, la mancha alcanzaba 50 kilómetros cuadrados, una dimensión que Greenpeace comparó con “mil veces la plancha del Zócalo de la CDMX” frente a Campeche.

La organización reforzó esa acusación en otra de sus publicaciones al señalar: “Imágenes satelitales del 11 al 17 de febrero ya mostraban el derrame de hidrocarburo”, y sostuvo que para el 14 de febrero la mancha de petróleo tenía una dimensión equivalente al tamaño de mil veces el Zócalo de la Ciudad de México.

Greenpeace sostiene además que “había evidencia temprana del daño y la contención fue insuficiente”. Incluso, en su publicación más reciente remarca que al 28 de marzo “el hidrocarburo sigue llegando a la zona costera del Golfo”, pese a que, acusa, las autoridades minimizan los impactos.



En otro de los puntos clave de la cronología, la organización ambiental indica que el 19 de febrero la mancha alcanzó una extensión de 300 kilómetros cuadrados frente a las costas de Tabasco y avanzó en dirección a Pajapan, Veracruz. Esa misma información fue retomada en su plataforma digital, donde afirma que existen imágenes satelitales obtenidas de la European Space Agency, de acceso público, que evidencian “conocimiento temprano y contención insuficiente por parte de las autoridades”, así como opacidad oficial ante el derrame.

Ya sobre el impacto territorial, Greenpeace afirma que el 1 de marzo el derrame llegó a las costas del norte de Tabasco y el sur de Veracruz. Más adelante, en su cronología, añade que el 18 de marzo se registraron por primera vez reportes de petróleo en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz.

La organización también incorpora a la documentación del caso el trabajo de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y de las comunidades impactadas, que elaboraron el mapa interactivo “Sitios Afectados-Derrame de Petróleo Veracruz-Tabasco 2026”, descrito por Greenpeace como una herramienta ciudadana, autónoma e independiente, en la que personas en territorio están registrando los impactos.



En ese mismo posicionamiento, Greenpeace acusa directamente al gobierno federal de intentar desacreditar esa labor ciudadana de registro del desastre “para justificar su falta de atención oportuna y opacidad”, lo que endurece el tono de la confrontación pública emprendida por la organización.

La cronología difundida por la organización, también refiere que el 23 de marzo la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México denunció una afectación de al menos 630 kilómetros de litoral. Después, el 25 de marzo, asegura haber confirmado en recorrido por playas de Veracruz que el crudo seguía llegando a las playas.

Un día después, el 26 de marzo, Greenpeace ubicó en su cronología la declaración de Alicia Bárcena, titular de SEMARNAT, quien, según la infografía de la organización, aseguró en conferencia de prensa que no había daño ambiental severo.



Incluye, que, para el 28 de marzo, las autoridades habían afirmado que las playas están “limpias”, pero la organización asegura que sigue constatando en sitio, en Veracruz, la llegada fragmentada pero persistente de hidrocarburo.

Para Greenpeace, el problema rebasa este episodio específico. En su plataforma de campaña sostiene que “los derrames de petróleo no son accidentes aislados, son parte de la operación de la industria petrolera. Pero el problema va más allá de un solo derrame”.

Como parte de su ofensiva pública, la organización ambiental no sólo pide firmas. También convoca a la ciudadanía a convertirse en “activista digital” y enviar evidencia de lo que está pasando en su comunidad, señalando lugar y fecha de las imágenes, a través de un formulario.



“¡El derrame de petróleo en el Golfo de México es una realidad! Ayúdanos a seguir registrando la evidencia y firma la petición”, expone la organización ambiental en su publicación oficial.