Grupo de cañeros trata de invalidar informe del dirigente de la CNPR, en Paso del Macho

Un reducido grupo de cañeros encabezado por Rigoberto Vásquez y Roberto Rangel, trataron de invalidar el informe del dirigente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Donato Fernández García.



Verónica Fernández, quien fue la primera que tomó la palabra; exigió al dirigente que devolviera el $1.3 millones que había recibido en pagarés y que ya había cobrado, según la manifestante.

Sobre este tema, lo secundó Rigoberto Vásquez;

pero además, argumentó que este evento carecía de quórum legal y que por lo tanto no era válido.

Ante eso, intervino el Secretario de organización de la CNPR nacional, que asistió en representación del líder nacional, Carlos Blackaller Ayala y puso orden al pedirles que los que estuvieran a favor de avalar el informe, levantaran a mano; por lo que lo hicieron 253 cañeros y 52 no, que estuvieron en contra.

Pero Rigoberto Vásquez insistió en el préstamo de $1.3 millones y

mostrando una relación de nombre y montos, afirmó que eran parte de las pruebas que este dirigente había cobrado los préstamos que les hicieron en su momento a los cañeros y que ya se los habían descontado.

Por su parte, Rigoberto Rangel, exdirigente de esta organización, quien después de andar prófugo por varios años por ser denunciado ante las autoridades Ministeriales, por no haber entregado este recurso en tiempo y forma que después lo hizo a través de unos pagares; se presentó a este informe, para aclarar; por lo que aseguró no se llevó un solo peso.

Sin embargo, el dirigente local, Donato García y

el secretario general, Esteban García, delante de la base cañera expresaron que están abiertos a cualquier investigación; pero que no era posible, que en el 2008, Roberto Rangel, durante la entrega-recepción, no haya entregado los pagarés y lo vino hacer tres o cuatro meses después, y con sellos diferentes.

Cabe explicar que este recurso -$1.3 millones-, Roberto Rangel como presidente de esta organización, los consiguió con su hermana Esther Rangel y Maximiliano Landa, préstamos que le hacían a los cañeros y que cobraban con altos intereses.



Al no pagarle la organización, metieron una demanda en contra de la CNPR para recuperar su dinero; lo que trajo como consecuencia el embargo de las oficinas y que pronto saldrán a remate.

Por su parte, el secretario general, Esteban García, señaló a Mirna Puertos, regidora del Ayuntamiento de Córdoba, como la responsable de que las oficinas de la CNPR se hayan perdido.

Expuso que en una visita que hizo a esta organización, a un asunto de un cliente; se enteró del caso y dijo que lo resolvía sin ningún problema; pero poco después cayó en rebeldía total y no contestó las demandas y se perdió e caso.



Presumió el secretario general, Esteban García Rosado, que esta abogada pudo haberse “vendido” y se retiró del caso; porque dijo que no hay otra explicación.