Grupo MAS fue fraude; ya puede perder concesión, confirma ORFIS

De acuerdo con el resultado de la auditoría integral al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V., mejor conocido como Grupo MAS, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) encontró elementos suficientes para que se revoque el contrato de concesión del servicio de agua potable que presta a los municipios de Veracruz y Medellín.

Luego de que la auditora general Delia González Cobos entregara al Congreso del Estado el informe de la auditoría, dijo que se comprobó que en los últimos 4 años la concesionaria ha tenido ingresos por casi 3 mil millones de pesos por el cobro de tarifas y “lamentablemente no ha reinvertido un solo peso para modernizar la infraestructura hidráulica”.

Ante ese flagrante incumplimiento en el contrato de concesión, las plantas potabilizadoras no han recibido mantenimiento, lo que confirma la mala calidad del agua que reciben los usuarios.



Cuestionada sobre la posibilidad de rescindir el contrato a la empresa, manifestó que ante los resultados de la auditoría del ORFIS y de los informes de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) y la Secretaría de Salud, corresponde al Congreso del Estado y a los ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo tomar las medidas pertinentes.

“Esa podría ser alguna de las acciones que se puede realizar, pero consideramos que dado el incumplimiento que se tiene en los contratos y en los títulos de concesión, esa vía (podría ser) sin que implique un gasto para los ayuntamientos”.

Cabe recordar que en junio del año pasado, el Congreso del Estado ordenó una auditoría al Grupo MAS por las constantes quejas de los usuarios ante la mala calidad del servicio y del agua.



La auditoría fue encargada al ORFIS, a la PMA y a la Secretaría de Salud. Sin embargo, la empresa se opuso a la revisión y se negó a proporcionar información, por lo que se le impuso una multa económica de 26 mil pesos, que hasta el momento no se ha pagado porque promovió un amparo.

No obstante, el Grupo MAS promovió un segundo amparo con el argumento de ser un ente privado que no ejerce recursos públicos y que, por lo tanto, no puede someterse a una auditoría.

Sin embargo, González Cobos aseveró que por el hecho de tener los derechos de un servicio público, que recaude, que administre y que tenga a su cargo la operación de la infraestructura en los términos de un contrato de arrendamientos y un título de concesión , “obviamente lo ubica como un ente fiscalizable”.



Aseveró que un Juez de Distrito concedió el amparo al Grupo MAS sin analizar de fondo los argumentos que demuestran que la empresa es una entidad fiscalizable, por lo que se promovió un recurso de revisión ante un Tribunal de Circuito y se está a la espera de la resolución de los magistrados.

Agregó que en una primera instancia los magistrados dejaron sin efecto la suspensión provisional que había concedido el Juez Federal, por ello, se continuó con la auditoría.

Asimismo, expuso que en el caso de que los magistrados del Tribunal de Circuito otorguen el amparo al grupo MAS, los resultados de la auditoría ya están y servirán de base para las decisiones que tome el Congreso del Estado y los ayuntamientos involucrados.