Grupo MAS incumplió obligaciones de la concesión, indica auditoría del ORFIS

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) determinó que Grupo MAS incumplió obligaciones establecidas en el título de concesión para prestar los servicios de agua y saneamiento en Veracruz y Medellín de Bravo, informó la auditora general Delia González Cobos.

El organismo entregó este viernes al Congreso del Estado los resultados de la auditoría practicada a la concesionaria, en los que señaló la falta de un fideicomiso de garantía y el incumplimiento de inversiones previstas en infraestructura. “Hubo un incumplimiento de parte de Grupo MAS respecto de las obligaciones que tenía con la concesión”, afirmó González Cobos.

La auditora explicó que el título obligaba a la empresa a constituir un fideicomiso de garantía, lo cual, de acuerdo con la revisión, no ocurrió. “Era necesario que se estableciera un fideicomiso de garantía que no se hizo, no se ha hecho, y de ahí derivan todas las demás obligaciones que tenía que haber realizado”, sostuvo.

El ORFIS también detectó pendientes en las inversiones que la concesionaria debía efectuar como parte de sus compromisos. “Hay una falta en cuanto a las inversiones que tenía que hacer de infraestructura, que no se ha hecho”, señaló González Cobos, quien indicó que los resultados y alcances de la revisión quedaron asentados en el informe entregado al Poder Legislativo.

La auditora sostuvo que los hallazgos confirman incumplimientos al instrumento que regula la operación de Grupo MAS. “El título de concesión está incumpliéndose”, Subrayó.

Mala calidad del servicio

Sobre la posibilidad de que los resultados deriven en la terminación o revocación de la concesión, González Cobos aclaró que esa determinación no corresponde al ORFIS. “Podría ser, si así lo determinan las autoridades. El Congreso va a evaluar también y determinará lo que proceda”, expresó.

Agregó que el organismo fiscalizador se limitó a revisar el cumplimiento de las obligaciones y entregar los resultados a las instancias competentes. “Nosotros sólo hicimos la auditoría de manera imparcial y estamos entregando un resultado”, dijo.

González Cobos señaló que la revisión también contiene referencias relacionadas con la calidad del agua y sus efectos en los usuarios, aunque no detalló durante la entrevista los resultados específicos de ese apartado. “Sí hay referencia sobre eso, sobre la calidad del agua y que obviamente repercute en la ciudadanía”, indicó.

La auditora recordó que en una revisión anterior Grupo MAS promovió amparos relacionados con el proceso de fiscalización, situación que, dijo, no se presentó en esta ocasión. “Sí tuvimos en la ocasión anterior estos amparos que interpuso la empresa, pero no se dieron en esta ocasión. Ya el camino estaba despejado para que pudiéramos hacer la auditoría”, explicó.
González Cobos consideró que la revisión confirma que persistieron condiciones detectadas previamente en la operación de la concesión y señaló que corresponderá al Congreso y a las autoridades municipales definir las acciones posteriores. “Podríamos considerar que hubo una confirmación de que el manejo que se ha dado ha sido en los mismos términos”, señaló.

Ante la posibilidad de que los resultados sean utilizados como sustento para revisar la continuidad de la concesión, la auditora reiteró que la resolución deberá adoptarse a partir de las facultades de cada autoridad. “Si esa es la decisión que tomen a partir de la información que estamos dando, podría darse un resultado así”, concluyó.

Resultados

Cabe señalar que la auditoría determinó 52 observaciones contra Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), entre ellas una diferencia de 20.7 millones de pesos en pagos por arrendamiento, deficiencias en el mantenimiento de infraestructura, falta de trazabilidad de recursos y ausencia de documentación suficiente para acreditar el cumplimiento anual de obligaciones sobre calidad del agua.

La auditoría, correspondiente al periodo de 2022 a 2026, concluyó con tres observaciones financieras, 45 técnicas vinculadas con obra e infraestructura y cuatro de legalidad, además de una recomendación financiera. En su dictamen, el ORFIS estableció que las aclaraciones y la documentación entregadas por la concesionaria “no fueron suficientes para solventar las observaciones que implican la inobservancia de disposiciones legales o que denotan una deficiencia administrativa por error, omisión o negligencia”.

Entre los principales resultados financieros, el organismo detectó una diferencia de 20 millones 750 mil 773 pesos entre las contraprestaciones por arrendamiento que debían cubrirse al Instituto Metropolitano del Agua y los pagos acreditados durante los ejercicios revisados.

También observó transferencias efectuadas mediante un contrato bancario registrado a nombre de Acciona Infraestructuras México, aunque la cuenta correspondía a Grupo MAS, sin que la concesionaria entregara documentación suficiente para aclarar esa relación. Otro de los señalamientos se refiere a la trazabilidad de los recursos obtenidos por el cobro del servicio. El ORFIS concluyó que no pudo verificar de manera integral el recorrido del dinero desde la recaudación de los usuarios hasta su ingreso, administración y destino en los fideicomisos relacionados con la concesión.

En materia técnica, las inspecciones documentaron deterioro y falta de mantenimiento en distintas instalaciones, entre ellas plantas de tratamiento con desprendimientos de pintura, encharcamientos, oxidación, maleza y equipos fuera de operación. En una de las plantas revisadas, los auditores encontraron módulos con agua estancada, vegetación, vialidades con hundimientos y falta de señalización. La instalación se encontraba en rehabilitación y fuera de servicio al momento de la visita.

La auditoría también mantuvo una observación sobre la calidad del agua para consumo humano, al señalar que Grupo MAS no presentó evidencia documental suficiente para acreditar de manera continua y anual el cumplimiento de esa obligación durante 2022, 2023, 2024 y 2025.

El título de concesión establece que la empresa debe mantener la calidad del agua conforme a las normas sanitarias y recuperar anualmente el Certificado de Calidad del Agua para consumo humano. Grupo MAS presentó argumentos y documentación durante la etapa de solventación, pero el ORFIS mantuvo los señalamientos al considerar que las pruebas aportadas no acreditaron el cumplimiento de las obligaciones revisadas.