Guadalupe Taddei descarta renunciar al INE; acusa “golpeteo político”

“No me voy, me mantengo firme en el Instituto”, afirmó Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al descartar su salida del organismo, en medio de la polémica por presuntos conflictos de interés y cuestionamientos sobre contratos con empresas proveedoras.

La funcionaria expresó su postura durante una reunión virtual con integrantes del Consejo General del INE, en la que, de acuerdo con reportes periodísticos, sostuvo que los señalamientos en su contra responden a un “golpeteo político” que busca debilitar al INE y manifestó que se encuentra tranquila.

Su declaración se produjo después de que circularan versiones sobre una posible renuncia, alimentadas por las críticas a su gestión y las exigencias de que se investiguen presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral.



Con su mensaje, Taddei dejó claro que no tiene intención de abandonar la presidencia del instituto, pese a la presión pública y política que enfrenta.

Videos y contratos bajo escrutinio
La controversia se intensificó tras la difusión de materiales periodísticos, entre ellos videos publicados por Latinus, relacionados con el entorno familiar de la consejera presidenta y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con compañías que han obtenido contratos del INE.

Uno de los materiales difundidos muestra presuntamente a uno de los hijos de Taddei en París, Francia, junto al empresario. Las imágenes se sumaron a otros reportes sobre la cercanía entre la funcionaria y personas relacionadas con proveedores del organismo.



Estos señalamientos han generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en la contratación de bienes y servicios para las actividades electorales.

Sin embargo, la existencia de relaciones personales o familiares no demuestra, por sí sola, la comisión de un delito. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si hubo irregularidades administrativas o responsabilidades legales.

La polémica también alcanzó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que informó sobre la apertura de una investigación de oficio para revisar posibles anomalías en contrataciones del instituto.



La revisión deberá establecer si existen elementos que acrediten irregularidades y, en su caso, identificar a los responsables. Hasta ahora, los señalamientos no equivalen a una resolución definitiva sobre responsabilidades individuales.

Taddei defiende su permanencia
La consejera presidenta ha rechazado los cuestionamientos sobre su actuación y ha sostenido que el organismo cuenta con mecanismos de vigilancia y control para revisar el uso de sus recursos.

El viernes 23 de octubre, en una entrevista difundida por el propio INE, Taddei reiteró su rechazo a los señalamientos y anunció que solicitaría la intervención de la ASF para revisar los procedimientos administrativos. También informó sobre la habilitación de un espacio público para consultar información relacionada con el ejercicio de los recursos institucionales.



Este sábado, su postura fue más contundente respecto a su continuidad: no dejará el cargo, al menos por decisión propia, y considera que las acusaciones forman parte de una ofensiva política contra el organismo.

La negativa se produce en un contexto en el que representantes partidistas han pedido que se investiguen los hechos y algunos han planteado que la funcionaria se separe de la presidencia mientras avanzan las indagatorias.

Por su parte, desde Morena también se han expresado posturas en favor de que las posibles irregularidades sean esclarecidas, sin que ello implique una determinación definitiva sobre la responsabilidad de la titular del INE.



El desafío de recuperar la confianza
Más allá de que Taddei permanezca en el cargo, la controversia coloca nuevamente bajo escrutinio la transparencia de las contrataciones públicas y la relación entre los responsables de las instituciones y las empresas que reciben recursos del Estado.

El INE tiene ante sí el reto de garantizar que las investigaciones se desarrollen sin interferencias y que la información sobre sus procedimientos administrativos sea accesible y verificable.

La discusión adquiere especial relevancia ante la preparación del proceso electoral de 2026-2027, cuando la autoridad deberá organizar los comicios y preservar la confianza de la ciudadanía en las reglas y condiciones de la competencia política.



Por ahora, la postura de la consejera presidenta es inequívoca: no renunciará y se mantendrá al frente del instituto. La incógnita es si las investigaciones y las explicaciones que se ofrezcan serán suficientes para despejar las dudas sobre las contrataciones y evitar que la controversia afecte la credibilidad del árbitro electoral.