Habrá discrepancias entre Comisión de Víctimas y la Asamblea Consultiva

Entre la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Asamblea Consultiva “seguramente habrá mucha discrepancia”, reconoció María Josefina Gamboa Torales.

Ambos organismos, ya formalmente constituidos, empiezan difícil sus funciones debido a que la mayoría de los colectivos no están de acuerdo con el nombramiento de Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, como secretaria Ejecutiva de la Comisión, agregó la diputada presidenta de la Comisión Especial para Respetar y Garantizar el Derecho a la Verdad a la Sociedad Veracruzana por la Problemática de Personas Desaparecidas, Ataques y Homicidios a Periodistas.

Sin embargo, dejó claro que se respalda a la Asamblea Consultiva porque sus integrantes son ciudadanos que representan a las víctimas.



“Espero que puedan trabajar en conjunto y si no es así, tienen que estar claros que nuestro papel es respaldar a la Asamblea Consultiva porque son los ciudadanos los que representan a las víctimas.

De entrada -añadió- empieza difícil, pero se tendrá que ver cómo lo hace la comisionada y con base a los resultados que vaya ofreciendo, la Asamblea emitirá algún posicionamiento.

“Yo espero que sea completamente objetivo y que a pesar de la discrepancia original puedan trabajar en conjunto”.



Luego de casi 6 meses de retraso en el proceso, rindieron protesta los nueve integrantes a la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva Estatal de Asistencia a Víctimas para un periodo de cuatro años.

De los nueve integrantes, tres son representantes de colectivos de víctimas, tres de organizaciones de la sociedad civil y tres académicos, quienes serán electos por el Congreso del Estado y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

La Asamblea Consultiva coadyuvará con la Comisión Ejecutiva Estatal de Asistencia a Víctimas para otorgar atención oportuna, digna e integral a las víctimas directas e indirectas del delito, garantizar y respetar el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de acciones y mecanismos en conjunto con las instituciones federales, estatales y municipales, para la protección y el respeto a los derechos constitucionales de las víctimas.