De cien afectados iniciales, actualmente suman entre mil 500 a 2 mil los burócratas defraudados con créditos vía nómina falsificados y sin existir contratos firmados de por medio, dio a conocer el abogado de los agraviados, Miguel Contreras González.
"Definitivamente nos hemos enterado que hay entre mil 500 a 2000 contratos falsificados no sólo por una empresa financiera, sino por varias y suponemos que se encuentran involucrado personal de las dependencias de Gobierno", refirió el presidente de la Asociación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz.
"Ahorita se han interpuesto diligencias en los juzgados para que en primer término, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) aclare el motivo por el cual les descuentan, tomando en consideración que muchas financieras falsificaron sus firmas a efecto de meterlas y de ahí se descuenten, derivado del convenio entre el IPE y las financieras", explicó.
A lo anterior, denunció las irregularidades en la asignación de créditos, debido a que el IPE cobraba a las financieras por cada préstamo asignado.
"Hay un porcentaje en favor del IPE, les cobra el IPE a las financieras, (...) hay muchos profesores del IPE, de la SEV y otras dependencias, pero principalmente el Magisterio se ve afectado con el tema, (...) les tienen que devolver todo, porque son muchos millones de pesos los que están involucrados", indicó.
A lo anterior, sostuvo que, los afectados pueden emplazar al citado Instituto de remuneraciones, a modo de demandar la nulidad de contratos y la nulidad de descuentos y en todo caso, el IPE deberá devolver los recursos descontados a los empleados.
"Les tienen que descontar porque si el contrato es nulo, es falso, el IPE tiene que devolver el dinero y sería un problema generado entre el IPE y las financieras", recalcó.
Y es que el pasado 28 de marzo, el abogado denunció que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES)
Intermercado y
Financiera Maestra; aportaban una "comisión" del 5 por ciento del préstamo a la parte patronal del empleado.
Lo anterior, luego de que las financieras interventoras usaron firmas, datos y referencias falsificadas y contratos prefabricados, sostuvo.