Hasta $8 millones cuesta tan sólo la señal para que una multitud vea el Mundial

Mientras gobiernos estatales y municipales comenzaron a descartar transmisiones públicas del Mundial de Futbol 2026 por los costos millonarios que implican los derechos de exhibición, la logística y la operación de los eventos, Veracruz mantiene abierta la posibilidad de destinar recursos públicos para instalar pantallas.

El Mundial 2026 abrió una discusión que va más allá del futbol. A casi 12 días del inicio del torneo, gobiernos locales analizan si resulta justificable invertir hasta 50 millones de pesos en transmisiones públicas de partidos o si esos recursos debiesen dirigirse a infraestructura, seguridad y servicios básicos.

Hidalgo, hasta 50 mdp de inversión

La discusión cobró fuerza en Hidalgo, donde la Secretaría de Turismo estimó que organizar transmisiones masivas podría costar entre 10 y 50 millones de pesos, dependiendo del aforo, los derechos de transmisión y la infraestructura requerida.

Las proyecciones oficiales indican que un programa de 8 jornadas, que incluiría partidos de la Selección Mexicana, semifinales y final, tendría un costo cercano a los 10 millones de pesos para eventos reducidos y podría alcanzar los 50 millones de pesos en concentraciones de hasta 10 mil asistentes.

Ante esos montos, autoridades hidalguenses plantearon que los municipios deben valorar si esos recursos deben dirigirse a espectáculos deportivos o a rubros como seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Dicen no a las transmisiones públicas

La misma conclusión alcanzó Morelia, donde el alcalde Alfonso Martínez Alcázar informó que su administración descartó realizar transmisiones públicas luego de recibir una cotización cercana a 8 millones de pesos únicamente por los derechos de exhibición.

“No vamos a hacer transmisiones en lugares públicos”, señaló el edil al considerar que el gasto resultaba inviable para el municipio, ya que a esa cifra aún tendrían que añadirse costos de montaje, pantallas, energía eléctrica, personal operativo y logística.

Veracruz analiza proyecciones de partidos

En contraste, Veracruz no ha descartado asumir ese gasto. La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que el Gobierno del Estado analiza cuánto costaría exhibir los encuentros en espacios públicos y revisa la posibilidad de instalar pantallas en ciudades como Veracruz, Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos.

“Ayer estuve viendo esto (...) cuánto cuesta la señal si se pone en un parque”, declaró la mandataria estatal al referirse a los estudios que realiza su administración sobre los permisos y derechos necesarios para la exhibición pública de los encuentros.

Hasta el momento, el Gobierno estatal no ha informado cuánto dinero estaría dispuesto a destinar ni ha presentado un programa oficial para la instalación de pantallas; sin embargo, mantiene abierta una alternativa que otras administraciones ya descartaron por razones presupuestales.

CDMX, anfitrión

La discusión llega incluso a la Ciudad de México, una de las sedes oficiales del Mundial, en donde se desarrollan actividades bajo una estrategia vinculada a su condición de ciudad anfitriona. La Capital del País anunció 18 festivales gratuitos y un Fan Festival en el Zócalo entre el 11 de junio y el 19 de julio como parte de la promoción oficial del torneo.

Cabe señalar que además de los derechos de transmisión, los gobiernos interesados en organizar exhibiciones públicas deben cubrir gastos relacionados con pantallas, estructuras, energía eléctrica, seguridad, protección civil, sanitarios, personal operativo y logística durante varias semanas.

A ello se suman las restricciones comerciales y de difusión establecidas por la FIFA, que exige permisos específicos para la transmisión pública de los encuentros.

Proponen ver partidos en negocios

Frente a ese escenario, Hidalgo propuso una ruta distinta: incentivar que la población siga los partidos en restaurantes, hoteles, bares y plazas comerciales que ya cuentan con servicios autorizados de transmisión, con el objetivo de generar actividad económica sin comprometer recursos públicos adicionales.