Hasta ahora, “golpe duro” a corrupción en Poder Judicial solo tiene una sancionada

Pese a que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz afirmó que venía un “golpe duro” contra los jueces y trabajadores investigados por supuestos actos de corrupción y “pereza”, sólo una sanción ha sido publicada este año en el portal del Consejo de la Judicatura.

En semanas pasadas, la Presidenta del TSJ aseveró que se trabajaba duro contra la corrupción, tanto que anunció que había entre 8 y 10 jueces y trabajadores a los que se les ha abierto procedimientos y están cesados del cargo.

Para entonces, aseveró que dos personas estaban ya procesadas y vistas para ser sancionadas, siendo una de ellas un juez y la otra una administradora de procesos.



Sin embargo, en los hechos sólo hay una sanción: Miriam Guzmán Ortiz, secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia especializado en Materia Familiar, en Pánuco, fue sancionada por retrasar el cumplimiento de una sentencia.

En la versión pública del procedimiento sancionador se da cuenta de que la servidora pública no dio vista al Juez del estado que guardaban unos expedientes relativos a un caso en la materia familiar.

Con estos actos y omisiones, se acusó que la entonces secretaria de acuerdos, en el momento que fueron documentados los hechos (2019), bloqueó el acceso a la justicia “pronta y expedita” de los afectados.



“… máxime que se trata de juicios civiles donde se encuentran inmiscuidos derechos de menores como acreedores alimentarios”, destaca la sentencia.

Entre las irregularidades que se le reprochan a Guzmán Ortiz es que tenía poco más de un año que debía realizar las certificaciones de un caso donde se buscaba la declaración de rebeldía de la parte demandada en un juicio de alimentos.

Sin embargo, aunque se ordenó desde agosto de 2018 realizar tales certificaciones, a la fecha de los hechos, noviembre de 2019, la Secretaría no había acordado lo indicado.



Otro juicio llevaba también seis meses sin haberse fijado audiencia alguna para iniciar formalmente el proceso; en uno más tampoco había diligencia de emplazamiento a la parte demandada, por lo que la pensión provisional no se había materializado.

“Es por todo lo anterior que se advierte una posible falta de vigilancia por parte del secretario de acuerdos (…) en virtud de que no se dio cuenta al Juez del estado que guardaban los autos para que él estuviera en posibilidad de proveer lo conducente”, señala.

Pese a todo ello, se impuso a la Secretaria como sanción un apercibimiento privado, con inserción a su expediente personal.