Hasta Yunes y Fidel han concedido amnistía; AMLO “no perdonará a asesinos”

Miguel Ángel Yunes Linares, como Secretario de Gobierno de Patricio Chirinos Calero, así como Fidel Herrera Beltrán como gobernador, ya han aplicado leyes de amnistía a distintos sectores de la sociedad.

Así lo señaló la ministra en retiro y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en caso de que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia, descartando que la amnistía que aplicarían sea “para asesinos” tal y como señalan sus adversarios políticos.

Añadió que México está suscrito a tratados y convenciones internacionales, de ahí sería imposible otorgarla a homicidas, tratantes de personas, torturadores, genocidas o violadores: “no se puede considerar a estos delitos en leyes de amnistía, así que no vamos a perdonar a asesinos”.

En su visita a Xalapa Sánchez Cordero detalló la forma en que se aplicaría este instrumento en el próximo sexenio si ganan las elecciones, subrayando que será principalmente para las víctimas de la delincuencia.

Como parte de su presentación “Una política para la paz”, refirió que hay varias leyes de amnistía expedidas en distintos estados del país, tal es el caso de Veracruz.

“Aquí también en Veracruz hemos tenido Leyes de Amnistía, está la Ley de Amnistía número 17 expedida en 1996 por el gobernador Patricio Chirinos siendo secretario de Gobierno Miguel Ángel Yunes”.

Refirió que este esquema se concedió a favor de campesinos, ejidatarios, comuneros, colonos agrícolas, que habían tenido como móvil la explotación agropecuaria y hubieran cometido el delito de despojo y los robos de frutos y daños cuando estuvieron asociados al primero.

“Otra ley de amnistía es la 872 expedida en el 2007 por el entonces gobernador Fidel Herrera, a través de la cual se concedió amnistía a toda aquella persona contra las que se hubiese ejercido acción penal o fueren sentenciados por delitos considerados no graves, y tuvieren menos de 18 años, siempre que cumplieran con los requisitos de ser indígena y ser persona en pobreza extrema o con capacidades diferentes”, agregó.

Sostuvo que Veracruz y México en general no es ajeno a estas leyes, ya que algunas son de reciente creación como la que se implementó en la Ciudad de México para jóvenes que participaron para el Movimiento “Yo soy 132”.

En ese sentido, reiteró que la amnistía que se aplicaría en el gobierno de López Obrador sería completamente ajena a perdonar a criminales de alta peligrosidad, pues en primer lugar estarán las víctimas de la violencia que deben de ser consideradas por el Estado.

“Que los responsables paguen sus culpas, sus delitos, que las víctimas tengan acceso a tribunales nacionales o inclusive internacionales, que tengan el acceso hasta a medios alternativos de solución de controversias, pero que tengan el acceso a la justicia y que los responsables paguen (…).

“México tiene suscritos varios tratados internacionales y varias convenciones internacionales; para aquellos adversarios políticos les digo, con estas convenciones y tratados los delincuentes no podrían entrar en la Ley de amnistía”.

Detalló que según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM actualmente 600 mil personas en el país están empleadas o incluso fueron obligadas a trabajar para la delincuencia o por el crimen organizado.

“Son jóvenes, son mujeres, son niños, son hombres que están empleados directamente en esta cadena de producción, distribución y trasiego de la droga, cuando apenas se han creado 600 mil empleos directos en los últimos dos sexenios.

“Pero qué vamos a hacer con los 600 mil campesinos, qué vamos a hacer con estos pobres delincuentes que están sentenciados a muchos años de prisión por poseer droga para su consumo personal y que compurgan sentencias en la cárcel de muchos años”, cuestionó.

Agregó que para la redacción de la Ley de Amnistía se invitará a sacerdotes, ciudadanos e incluso al mismo papa y expertos internacionales, pues ningún inocente debe de estar en la cárcel.

Observó que también el expresidente Carlos Salinas de Gortari implementó la amnistía en 1994 luego del surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, aunque por su parte todavía están analizando el universo de personas que podrían acceder al perdón del Estado.

En otro tema, exigió a los gobiernos de los Estados y al gobierno Federal no entrometerse en el proceso electoral en curso, pues de ellos depende la gobernabilidad y en su caso una transición pacífica.

“No intromisión en el proceso electoral por el bien de México, no solo de un Estado; hay una responsabilidad gobernadores y presidente, tienen la responsabilidad del cauce de la legalidad en el proceso electoral que debe de ser ordenado, democrático, un proceso institucional y pacífico”.

Al insistir en que habrá una justicia transicional, opinó que el crimen ha hecho leva de los jóvenes y a la fecha prácticamente hay una generación está perdida.

Finalmente, propuso proteger los Derechos Humanos en la Secretaría de gobernación, afirmando que de llegar al cargo serán inadmisibles declaraciones como la del diputado local del PVEM, Manuel Francisco Martínez Martínez, quien afirmó que el machete sirve para pegarles a las mujeres.

“Esta declaración es inaceptable, Andrés Manuel tiene un gabinete paritario, cree en la mujer, cree que las mujeres aportamos mucho al desarrollo del país”, sostuvo Sánchez Cordero.