Luego de la polémica generada por la difusión de un video íntimo presuntamente relacionado con el músico Alfredo El Pulpo y una bailarina, el abogado penalista y exjuez del Poder Judicial, Marko Antonio Rodríguez Ventura, advirtió que compartir este tipo de contenido sin consentimiento puede constituir un delito contemplado dentro de la llamada “Ley Olimpia”.
En entrevista, explicó que en Veracruz existe legislación que sanciona la difusión de imágenes, videos o contenido íntimo sin autorización de la persona afectada, especialmente cuando se vulnera su privacidad y dignidad.
“Ya con exhibir su imagen sin ropa, ya es delictivo”, señaló el litigante al referirse al caso que comenzó a circular en redes sociales el pasado 12 de mayo.
Rodríguez Ventura detalló que las investigaciones pueden alcanzar no sólo a quien grabó o filtró el material, sino también a quienes lo compartieron posteriormente en redes sociales, páginas digitales o medios de comunicación.
“El que resulte responsable puede enfrentar consecuencias legales. Se investiga quién filmó, quién filtró y quién transmitió el contenido”, comentó.
El abogado indicó que este tipo de conductas pueden ser castigadas con penas que van de 4 a 8 años de prisión, además de multas de hasta 2 mil UMAS.
Tomando como referencia el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en México, 2 mil UMAS equivalen aproximadamente a 226 mil pesos.
Asimismo, advirtió que medios de comunicación, páginas digitales o espacios radiofónicos que reproduzcan material íntimo sin consentimiento podrían enfrentar responsabilidades civiles, sanciones económicas e incluso la pérdida de registros o concesiones, dependiendo del caso.
Aunque estos delitos pueden perseguirse de oficio, explicó que normalmente es necesaria la denuncia o intervención directa de la víctima para que las autoridades activen plenamente las investigaciones.
La llamada “Ley Olimpia” surgió en México tras la lucha de mujeres víctimas de violencia digital y actualmente contempla sanciones contra quienes difundan contenido íntimo sin autorización, buscando proteger la privacidad, integridad y derechos de las personas afectadas.
Hasta el momento, la persona presuntamente agraviada no ha emitido posicionamiento público sobre la difusión del material.