Hijo de Guadalupe Taddei renuncia a Secretaría Particular del Gobernador de Sonora

Luis Rogelio Piñeda Taddei renunció a la Secretaría Particular del gobernador Alfonso Durazo, en momentos en que su nombre aparece entre las personas afectadas por el bloqueo de cuentas relacionado con investigaciones de la UIF.

La salida de Luis Rogelio Piñeda Taddei del Gobierno de Sonora ocurre en un momento de cuestionamientos alrededor de su entorno familiar y de las investigaciones financieras que involucran a Guadalupe Taddei Zavala, quien encabezó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El hijo de la exfuncionaria dejó la Secretaría Particular del gobernador Alfonso Durazo Montaño, puesto que desempeñaba desde agosto de 2025. Su separación del cargo se conoció el miércoles 11 de noviembre, después de que trascendiera información sobre el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La coincidencia entre ambos acontecimientos colocó nuevamente bajo atención pública a la familia Taddei, particularmente por la presencia de Piñeda Taddei entre las personas señaladas en las medidas financieras.

El caso se relaciona con indagatorias sobre movimientos de recursos y posibles irregularidades vinculadas con proveedores de servicios y materiales del organismo electoral. En ese contexto, las autoridades financieras buscan determinar si las operaciones identificadas tienen relación con conductas que pudieran constituir delitos.

Antes de llegar a la Secretaría Particular de Durazo, Piñeda Taddei ocupó otros puestos en la administración estatal, entre ellos la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora.

Su incorporación al equipo del gobernador ya había generado cuestionamientos por su parentesco con Guadalupe Taddei, debido a la posición que ella ocupaba entonces en el órgano electoral federal.

Por ahora, su salida representa un movimiento dentro del Gobierno sonorense que coincide con un episodio de presión pública y financiera alrededor de la anterior titular del INE, mientras las autoridades competentes deberán establecer si existen elementos para proceder legalmente contra las personas investigadas.