El Juzgado Decimoctavo de Distrito en Veracruz exhibió una presunta falta de atención médica y posible desacato judicial por parte de autoridades del Hospital General ISSSTE “San Bruno” de Xalapa, luego de que funcionarios médicos y administrativos ignoraran reiteradamente una suspensión de plano emitida para garantizar atención urgente a una derechohabiente cuya salud estaría en riesgo.
Dentro del juicio de amparo indirecto 525/2026, promovido por una derechohabiente, el órgano federal ordenó desde el pasado 7 de mayo que el ISSSTE proporcionara atención médica inmediata, medicamentos, estudios especializados, procedimientos clínicos, seguimiento hospitalario e incluso la canalización o subrogación del servicio médico en caso de no contar con especialistas suficientes.
Sin embargo, 3 días después, el juzgado sostuvo que ni el Delegado Estatal del ISSSTE en Veracruz, ni el Director del hospital, ni médicos especialistas, ni personal administrativo habían rendido siquiera el informe obligatorio sobre el cumplimiento de la medida cautelar.
En acuerdos emitidos el 9 y 10 de mayo, el Juez federal advirtió que el desacato a la suspensión podría constituir un delito federal conforme a los artículos 262 y 266 de la Ley de Amparo, además de amenazar con multas económicas y dar vista al Ministerio Público de la Federación.
“De seguirse ejecutando el acto que se les reclama o continuar con su conducta omisa, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación”, advirtió el órgano jurisdiccional.
El expediente revela además un escenario que exhibe problemas administrativos y operativos dentro del hospital federal.
De acuerdo con las constancias judiciales, un actuario acudió a notificar personalmente a autoridades del hospital, pero le fue informado que no existía personal administrativo disponible para recibir documentación urgente debido a que había concluido el horario laboral.
La situación provocó que el Juzgado escalara el caso directamente hasta la Dirección General del ISSSTE en Ciudad de México, ordenando incluso exhortos urgentes a jueces federales capitalinos para localizar y notificar personalmente al titular nacional del instituto.
El Juez también instruyó que se habilitaran días y horas inhábiles para concretar las diligencias, al considerar que se trata de un asunto relacionado con el derecho humano a la salud y una posible afectación irreparable para la paciente.
En el expediente se observa además que la defensa de la derechohabiente promovió un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, figura jurídica utilizada cuando una autoridad incumple parcial o totalmente una orden judicial ya vigente.
Es decir, el litigio ya no solamente gira sobre una presunta deficiencia médica inicial, sino sobre el posible incumplimiento de una orden emitida por un Juez federal.
Entre las medidas ordenadas por el Juzgado destacan la obligación de proporcionar especialistas médicos, realizar traslados en ambulancia oficial si fueran necesarios, entregar copia certificada del expediente clínico y garantizar continuidad total del tratamiento.
Incluso se ordenó que, si el hospital no cuenta con capacidad médica suficiente, la paciente sea enviada de inmediato a otro nosocomio con todas las gestiones administrativas resueltas previamente.
El caso exhibe nuevamente los cuestionamientos que desde hace años arrastra el sistema de salud pública federal en Veracruz, particularmente en clínicas y hospitales del ISSSTE, donde derechohabientes constantemente denuncian retrasos, falta de especialistas, carencia de medicamentos y atención tardía.
En este caso, la gravedad escaló al punto de que un Juzgado federal tuvo que intervenir mediante una suspensión de plano y posteriormente endurecer sus apercibimientos ante la falta de respuesta institucional.