Iglesia católica se pronuncia por la democracia participativa

La Iglesia Católica se ha pronunciado para que este dos de julio la gente vote por quien proponga la continuidad de la democracia representativa en la democracia participativa, no sólo con el voto del 2 de julio, sino en hacer llegar una actitud cristiana en los programas de gobierno.

En el punto 11 del comunicado de prensa que elaboró la Conferencia Episcopal Mexicana, que en ausencia del vicario de la Arquidiócesis de Xalapa, Quintín López Cessa, nos hizo llegar, argumenta que esto es para “alentar el ejercicio de nuestra responsabilidad política y social”.

El documento de 25 puntos dividido en 7 partes considera una introducción; Democracia y Verdad; Hacia la consolidación de la Democracia; Participación ciudadana; Propuestas a los Candidatos; Voto consciente y una Conclusión, elabora una serie de supuestos de los que aquí entresacamos sus propuestas.

Firmados por los obispos José Guadalupe Martín Rábago, Obispo de León y Presidente de la CEM y Carlos Aguiar Retes, Obispo de Texcoco y Secretario General de la CEM, les piden a los candidatos que “no se descalifiquen sin fundamento, de presentarse con voluntad de servir y no de beneficiarse del poder; deberán mostrar coherencia básica entre su conducta y los principios morales necesarios para desempeñar su misión”.

“Solicitamos claridad en sus plataformas de pensamiento y que sean tomados en cuenta para el progreso del país en: El fortalecimiento y las condiciones de vida digna para las familias y de educación para los hijos; la promoción integral del empleo para terminar con la emigración de nuestros connacionales, la promoción de la mujer para que encuentre plenos espacios de participación en condiciones de igualdad con el varón, y para que se supere toda forma de violencia hacia ella”.

Otras más son el favorecer una legislación para la mujer trabajadora, que le permita cumplir la misión, querida por Dios, como portadora de la vida humana; la integración de los indígenas, obreros y campesinos al desarrollo humano y social del resto del país que sean capaces de dialogar sobre los puntos de coincidencia para llevar a cabo la Reforma del Estado y apoyar políticas públicas que beneficien a los más desprotegidos.

También que se impulse una economía al servicio de la sociedad y el desarrollo humano, no una sociedad al servicio del mercado o de grandes intereses particulares y que “el Estado no regule y domine todo, sino que, generosamente, reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio”, entre otras.