IMM Orizaba sin personal capacitado para atender a víctimas de violencia, denuncian

Las Integrantes de la Colectiva Violencia Vicaria Orizaba, reprocharon que el Instituto Municipal de las Mujeres de Orizaba no cuenta con personal capacitado para atender a víctimas de violencia y desde su apertura se ha dedicado a revictimizarlas y mal orientarlas, favoreciendo actos de conciliación y convenios sin validez jurídica.

A través de un comunicado expresaron que los actos de violencia contra las mujeres no se concilian. "Existen casos en los cuales los agresores se apoyan de DIF y Policía Municipal para amedrentar a las víctimas con denuncias falsas de maltrato para favorecerlos y perjudicar a las madres".

Además, externaron que la política pública estatal sólo está aplicando paliativos y acciones de simulación sin atender la problemática real; como el programa mujer segura, en el que otorgan órdenes de protección, pero están dejando de lado la prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia.



"Hace falta un centro de justicia para las mujeres en la zona centro del Estado, un espacio que no cometa actos de revictimización y ayude a las mujeres con representación legal no sólo con orientación; un albergue en donde se puedan resguardar las víctimas y sus hijos como lo marca la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia".

De igual forma apuntaron que acudieron a la asamblea convocada por la Secretaría de las Mujeres, pero lo hicieron también para reiterar exigencias de justicia pronta y expedita al Estado.

Por ello pidieron al Estado Mexicano que cuando los agresores arrebaten a los hijos e hijas de sus madres, los procuradores del DIF activen un protocolo y se haga una visita domiciliaria e investigación con base en los hechos de violencia con perspectiva de género para actuar de manera inmediata y no esperar a tramitar la guarda y custodia que lleva años.



Reconocer que no sólo las mujeres viven violencia al lado del agresor, sino también los hijos, por lo que es grave que se les permitan convivencias con un agresor.

Establecer medidas de restricción y de protección más eficaces no sólo rondines y números de emergencia. Evaluaciones psicológicas más rigurosos que sustenten y validen la pertinencia de las convivencias.

Pagar la pensión alimenticia puntual y suficiente para tener derecho a la convivencia. Las medidas cautelares se apliquen con perspectiva de género y atendiendo el interés superior del menor y los derechos de una infancia libre de violencia.



No revictimizar a los niños con psicólogos que nunca han tenido la especialidad ni la experiencia suficiente para identificar a niños víctimas de distintas violencias.

Abogados y abogadas para representación legal gratuita. Que los abogados jurídicos públicos que cometan actos de corrupción a favor de los agresores sean sancionados o dados de baja del sistema de defensa jurídica.

Investigación y sanción a los funcionarios públicos de Fiscalía que revictimicen, obstaculicen las denuncias y los procesos de investigación de las víctimas.



Investigación y sanción a los funcionarios de juzgados civiles que se presten a actos de corrupción o tráfico de influencias y que obstaculicen los procesos de guarda y custodia, convivencias y pensiones.