Arturo Germán Rangel, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, reconoció que sigue imperando la corrupción al interior de las autoridades encargadas de la seguridad y lamentó que el Código Penal Federal no establece ninguno de los delitos cometidos por servidores públicos como delito grave.
Al participar en la Reunión Nacional de Industriales en las instalaciones del WTC, el funcionario de la PGR, admitió que "la corrupción es un problema difícil, complicado, pero no debemos conformarnos, es necesario evitarlo, y la sociedad no está predeterminada para vivir con ello."
"La herramienta que necesita la PGR para poder combatirla es una nueva legislación, lamentablemente el reclamo común de los ciudadanos es que cada vez que se detiene alguien normalmente sale en libertad."
"Hoy hay mejores herramientas de la PGR para combatir la misma corrupción lamentablemente desde el 2008 al Congreso federal se envió una iniciativa la Cámara al aprobó, la remitió al Senado y éste la devolvió con observaciones."
“Hasta hoy, no se ha aprobado, está en comisiones”.
"Es importante este proyecto de reforma porque se evalúa la posibilidad de que las conductas tipificadas en la Ley de Propiedad Industrial, se recojan en una solo legislación, apara avanzar en una legislación clara, sencilla."
"Esta reforma contempla ahora la persecución de alguna de las modalidades de estos delitos, de oficio."
"El beneficio será que en cualquiera de los tres niveles de gobierno se podrá abatir y combatir este delito."
"Este proyecto de reforma permitirá que la actuación de la PGR no sea reactiva, sino preventiva."
Sobre la lucha contra la delincuencia organizada, dijo que actualmente se tienen mejores herramientas porque la Ley de Extensión de Dominio se aplica ya actualmente en dos casos concretos en la PGR, pues se procederá asegurar los bienes inmuebles, buscando atacar la estructura financiera de quienes se dedican a estos tipos de delitos.
Invitó a Legislativo avanzar y establecer el tipo de controles independientes, en particular para que se puedan evaluar las acciones de los órganos de gobierno.