Implicados en despojos inmobiliarios operan con impunidad, denuncian afectados

Contrario a lo que sostienen autoridades estatales sobre el combate a las irregularidades en materia patrimonial, en Veracruz persisten denuncias penales, pruebas documentadas y señalamientos directos contra abogados y jueces que continúan operando sin consecuencias, mientras los litigios avanzan y las propiedades siguen en riesgo o ya han sido arrebatadas a sus legítimos dueños.

Familias afectadas advierten que, aunque el caso de la llamada “casa de Las Ánimas”, hecho público en noviembre pasado, logró resolverse con la restitución del inmueble tras exhibir la red de corrupción, a 6 meses de distancia ese sigue siendo el único expediente en el que se ha actuado, mientras existe una larga lista de casos similares que permanecen sin atención.

Señalan que no hay ceses ni cambios en áreas clave como el Registro Público de la Propiedad, donde ubican a funcionarios responsables de los presuntos malos manejos, ni acciones contundentes contra litigantes o jueces señalados, pese a que, afirman, las propias autoridades conocen quiénes son y cómo operan. “Hay pruebas, hay denuncias, saben quiénes son y aun así siguen litigando como si nada, con total impunidad”, acusaron.



En ese contexto, señalaron que el patrón sistemático de despojo inmobiliario se ha repetido en decenas de ocasiones, donde el nombre del abogado Roly Domínguez Romero vuelve a surgir en medio de acusaciones directas de operar litigios para apropiarse de propiedades mediante procesos judiciales presuntamente irregulares, en los que, señalan, ha contado con la participación de la entonces jueza Dania Iveth Arenas Pérez y con la constante aparición de María Cristina Calderón Rendón como supuesta heredera y albacea.

El caso más documentado es el del fallecido Gustavo Flores Guevara y una propiedad en la calle de Clavijero en Xalapa; dentro del juicio sucesorio intestamentario 1080/2022/VIII, tramitado en el Juzgado Décimo de Primera Instancia en materia familiar en Xalapa, donde se declaró a María Cristina Calderón Rendón como única y universal heredera, además de albacea definitiva del inmueble, esto, porque la casa se encontraba intestada.

La resolución, emitida el 10 de noviembre de 2022, es señalada por la familia como ilegal. La propiedad se encuentra a nombre de la madre de 8 hermanos, quien no dejó testamento, por lo que los hijos iniciaron el juicio sucesorio, donde el abogado Roly Domínguez intenta a través de una vía sucesoria, apropiarse no sólo de la parte que correspondía al hermano fallecido, sino la de los 8 hermanos que aún viven.



Los hermanos, acusan que la ilegalidad, con complicidad de la Jueza, inició desde que no se realizaron las publicaciones ni los edictos obligatorios, lo que impidió que los 8 hermanos del fallecido, herederos legales, fueran notificados y pudieran defender sus derechos.

Además, cuestionan que el supuesto concubinato haya sido acreditado únicamente con 2 testigos y eso fuera aceptado por la Jueza pese a que, según refieren, la mujer no convivía con el fallecido desde al menos 5 años antes de su muerte y no existía descendencia en común. Agregaron, que en el expediente se lee que la propia María Cristina miente de manera directa a la Jueza al señalar que su supuesto concubino no tenía familiares directos.

“Se construyó una herencia a modo para dejar fuera a toda la familia con complicidad del Poder Judicial”, denunció Ezequiel Guevara, hermano del difunto, quien acusa una presunta colusión entre el litigante y la jueza para imponer la resolución.



El mismo esquema se ha intentado replicar en otros expedientes, donde el abogado ha promovido nuevamente el reconocimiento de María Cristina Calderón Rendón como heredera única en distintos juicios, utilizando resoluciones previas como sustento para consolidar el control de bienes.

Actualmente existe otro expediente donde pretenden apropiarse de una casa en la calle de Melchor Ocampo, donde aparecen los mismos nombres: Roly Domínguez Romero como abogado y María Cristina Calderón Rendón como parte central del litigio, ostentándose como albacea y heredera. Aunque como en otros casos, todos los documentos se encuentran en regla; aún así, el proceso ha entrado en una fase crítica y se podrían apropiar de ese patrimonio.

“Nos quieren quitar nuestras casas, a quienes somos dueños legítimos. Tenemos miedo de que nos desalojen” afirmó Ezequiel Guevara, al referir que tanto él como sus hermanos, son adultos mayores, de más de 70 años y se encuentran en total indefensión.



Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a la gobernadora Rocío Nahle García para que intervenga de manera directa, al considerar que es responsabilidad del Gobierno frenar estas prácticas que, afirman, han sido permitidas por la falta de acción tanto en dependencias vinculadas a la Secretaría de Gobierno como en el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE) que no avanza con las denuncias interpuestas en contra de los responsables.

Advierten que existen numerosos casos que no han salido a la luz pública y que, precisamente por ello, no han sido atendidos, pese a contar con pruebas sólidas y denuncias formales.

Para la familia, la coincidencia de los mismos actores en distintos casos, el abogado, la Jueza y la misma mujer designada como heredera y albacea, confirma la existencia de un esquema que sigue operando sin freno. “Si ya se hizo justicia en un caso, tiene que ser igual para todos. No puede haber justicia selectiva mientras siguen quitándole su patrimonio a más familias”, reclamaron.



Insistieron en que, de no actuar las autoridades, el número de afectados continuará creciendo bajo procedimientos que, aseguran, están siendo utilizados de manera indebida para consumar despojos en Xalapa.