Impunidad en asesinatos de periodistas se volvió práctica institucional en Veracruz

La impunidad en los asesinatos de periodistas en Veracruz no deriva de errores aislados, sino de prácticas institucionales que fragmentan las investigaciones, omiten líneas vinculadas con el ejercicio informativo y evitan indagar las redes políticas, criminales y económicas relacionadas con los ataques, concluyeron organizaciones civiles.

El informe “Prohibido investigar. La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz” documentó que, entre 2010 y 2016, un comunicador fue asesinado cada 3 meses en la entidad. Durante la administración del exgobernador Javier Duarte se registraron 18 homicidios de periodistas. Propuesta Cívica sostuvo que las irregularidades detectadas en Veracruz reproducen un patrón que persiste en otras regiones del país y permite que los responsables materiales e intelectuales permanezcan sin ser sancionados.

“El informe tiene un enfoque en Veracruz, pero es una explicación y un modelo que refleja la realidad de todo el País”, señaló Sara Lidia Mendiola, directora ejecutiva de la organización. “Lo que plantea este informe es que la impunidad es sostenida y reproducida desde el aparato del Estado”, agregó durante la presentación del documento.

El estudio examinó los asesinatos de Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez y Ana Irasema Becerra, cometidos entre 2011 y 2012. A partir de la revisión de tres expedientes, los investigadores identificaron 14 fallas recurrentes, entre ellas la separación de hechos relacionados, la falta de análisis de contexto, omisiones ministeriales, pérdida de información y ausencia de investigaciones sobre los intereses afectados por el trabajo periodístico de las víctimas.

Omar Gómez Trejo, coautor del informe y exfiscal del caso Ayotzinapa, afirmó que la repetición de esas deficiencias descarta que se trate únicamente de equivocaciones atribuibles a determinados funcionarios. “Esto no es una negligencia individual o una omisión por parte de una autoridad, sino que forma parte de un patrón institucional”, expresó.

Las investigaciones, explicó, concentraron sus actuaciones en integrantes de grupos delictivos señalados como posibles autores materiales, pero no avanzaron sobre las estructuras que habrían ordenado, facilitado o encubierto los asesinatos.

Hay “gobernanza criminal”

El documento describe esta relación como un esquema de “gobernanza criminal”, en el que confluyen organizaciones delictivas, servidores públicos e intereses económicos. Esa interacción, señala, condiciona las investigaciones y limita la posibilidad de establecer responsabilidades más allá de quienes ejecutaron los ataques. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que los homicidios de periodistas ocurridos dentro de un mismo periodo y territorio no deben investigarse como acontecimientos independientes.

Maia Campbell, representante adjunta de ONU-DH en México, sostuvo que las autoridades deben relacionar los expedientes, revisar el contexto en el que trabajaban las víctimas y establecer si existieron intereses comunes detrás de las agresiones. “Es importante identificar patrones, estructuras criminales, posibles vínculos entre casos y las responsabilidades de quienes ordenan, facilitan o cometen esos delitos, como bien señala el informe”, indicó.

La representante informó que ONU-DH ha registrado 15 crímenes contra periodistas en Veracruz desde 2016, tres de ellos ocurridos durante 2026. La cifra se suma a los asesinatos documentados durante el Gobierno de Duarte y confirma la continuidad de las agresiones contra integrantes de la prensa. Familiares de periodistas asesinados participaron en la presentación y reclamaron que, pese al tiempo transcurrido, las fiscalías no han esclarecido los casos ni establecido quiénes ordenaron los ataques.

También cuestionaron el funcionamiento de los mecanismos de protección, al señalar que las medidas adoptadas no han impedido nuevos homicidios, desapariciones, amenazas y desplazamientos de comunicadores. “Mientras no haya justicia por cada compañero caído o desaparecido, la democracia seguirá siendo inconclusa”, afirmó Yazmín López, hija del periodista Miguel Ángel López Velasco.

López Velasco fue asesinado junto con su esposa, Agustina Solana, y su hijo Misael López Solana, fotógrafo del diario Notiver, en junio de 2011, dentro de su domicilio en el puerto de Veracruz. El informe señala que las autoridades omitieron analizar de manera conjunta ese crimen y otros asesinatos de periodistas ocurridos durante los meses siguientes, pese a las coincidencias en el contexto, las zonas donde trabajaban las víctimas y las posibles redes involucradas.

Los periodistas Carol Solís y Jorge Carrasco, director de la revista Proceso, coincidieron en que las condiciones documentadas en Veracruz también están presentes en entidades como Sinaloa y Tamaulipas, donde el ejercicio periodístico se desarrolla entre amenazas de grupos criminales, presiones de autoridades y ausencia de investigaciones judiciales.