La Fiscalía General del Estado imputó a 2 hombres por los delitos de fraude y suplantación de identidad, señalados por presuntamente participar en una operación mediante la cual una mujer de 68 años habría sido privada de la posesión de un inmueble ubicado en la zona de Las Ánimas, uno de los casos que se investigan dentro de los esquemas de presunto fraude inmobiliario detectados en Veracruz.
La acusación fue presentada dentro del proceso penal 464/2026, en el que Zain Aleef “N” y José Alfredo “N” enfrentan señalamientos relacionados con la transferencia de una propiedad que, según la denuncia, fue vendida sin autorización de sus legítimos propietarios mediante documentación presuntamente apócrifa y la utilización indebida de identidades ajenas.
Durante la audiencia inicial celebrada el pasado 28 de mayo, el juez de control Roberto Santos Maldonado Morales determinó imponer a ambos imputados las medidas cautelares de firma periódica mensual y la prohibición de abandonar el Estado, mientras se resuelve su situación jurídica.
Detrás del expediente judicial aparece la historia de una familia que asegura haber descubierto, de manera fortuita, que un inmueble de su propiedad ya circulaba en el mercado inmobiliario sin que existiera consentimiento alguno para venderlo.
Descubren fraude
La denuncia refiere que el 16 de noviembre de 2022, Víctor Manuel Mendoza Jiménez encontró en Facebook una publicación en la que una empresa inmobiliaria ofrecía en venta un terreno ubicado en la Unidad Habitacional Deportiva El Castillo, en Xalapa.
La sorpresa derivó en una revisión inmediata ante el Registro Público de la Propiedad. Ahí, según consta en la documentación presentada por la parte denunciante, aparecían avisos preventivos relacionados con una operación de compraventa celebrada meses antes a favor de la empresa Inversiones GZ, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
“Dicho aviso me alarmó de sobremanera, porque nunca he transmitido dicho derecho a persona alguna”, declaró Mendoza Jiménez en el escrito incorporado al caso. La revisión registral permitió identificar una cadena de actos jurídicos que, según la denuncia, se construyó a partir de una presunta suplantación de identidad.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, José Alfredo “N” habría comparecido como supuesto representante legal de los propietarios originales, apoyado en un poder notarial cuya autenticidad es cuestionada por los denunciantes. Con ese instrumento se concretó una compraventa a favor de Inversiones GZ, representada por Zain Aleef “N”.
La parte agraviada sostiene que nunca otorgó facultades para vender el inmueble ni compareció ante alguna notaría para formalizar la operación: “Jamás comparecí ante un Notario Público, ni con sede en Boca del Río, Veracruz, ni en ninguna otra parte de nuestro País a enajenar, ceder o manifestar mi renuncia al derecho”, expuso Mendoza Jiménez.
Las investigaciones apuntan a que el inmueble fue transferido inicialmente por una cantidad cercana a los 72 mil pesos, pese a que la propiedad tenía un valor superior a los 400 mil pesos, para posteriormente ser revendida a un tercero por una suma considerablemente mayor.
Para los denunciantes, la diferencia entre ambos montos constituye uno de los elementos que refuerzan la hipótesis de una operación irregular. El expediente también involucra actuaciones notariales que actualmente forman parte de las indagatorias ministeriales.
La denuncia señala que el poder utilizado para concretar la compraventa habría sido protocolizado por el entonces notario Octavio Escobar Pérez, mientras que la operación de venta fue formalizada ante el notario José Guillermo Herrera Mendoza. La familia afectada sostiene que nunca acudió a esas diligencias ni autorizó a terceros para actuar en su nombre. “Jamás estuve en la población de Naolinco, Veracruz, para conceder a una persona de nombre José Alfredo Ugalde y Campos, poder notarial para actos de dominio”, refiere el documento presentado ante las autoridades.
Durante la audiencia, el juez observó la existencia de indicios que podrían configurar un hecho delictivo y que ameritan la continuación de las investigaciones para determinar la posible responsabilidad de los involucrados. La resolución sobre una eventual vinculación a proceso será emitida una vez que concluyan las etapas procesales correspondientes y las partes expongan sus argumentos y pruebas.
Señalan despojos
El caso se desarrolla en un contexto en el que autoridades estatales han reconocido la existencia de denuncias relacionadas con presuntos esquemas de despojo inmobiliario en distintos municipios de Veracruz.
El 9 de diciembre de 2025, la gobernadora Rocío Nahle García instruyó revisar posibles irregularidades cometidas por notarios, abogados, jueces y servidores públicos vinculados con operaciones patrimoniales controvertidas: “Hoy pedí en la mesa de seguridad una lista de aquellos notarios o jueces que hayan entrado en irregularidad”, declaró entonces la Mandataria.