Incentivarían la inversión en infraestructura educativa, con trámites más sencillos

La Diputación Permanente de la LXVII Legislatura recibió la iniciativa de decreto, enviada por la gobernadora Rocío Nahle García, con la que busca incentivar la inversión en infraestructura educativa, en beneficio de niñas, niños y adolescentes, superando las complejidades del estatus jurídico de los inmuebles donde estén asentados los centros educativos.

En dicho proyecto, la mandataria propone al Congreso incorporar el Artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para que, tratándose de proyectos de inversión en infraestructura educativa cuyo propósito sea la construcción, mantenimiento o equipamiento de planteles educativos públicos, el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) fiscalice el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales destinados a ello, para lo cual verificaría su aplicación en inmuebles con propiedad debidamente acreditada a favor del ente fiscalizable correspondiente.

Precisa que, en caso de que la propiedad se encuentre en trámite de ser regularizada y adquirida por el ente fiscalizable, o que no pertenezca a la federación, al estado o a los municipios, el organismo autónomo verificaría que se cuente con la constancia de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), con la cual acredite la operación regular del plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente.



Igualmente, plantea adicionar un tercer párrafo al Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado para indicar que, tratándose de obras públicas y servicios relacionados con ellas que realicen los entes públicos en materia de infraestructura educativa y la propiedad, los derechos de propiedad o los otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos se encuentren en proceso de regularización, podrá acreditarse por parte de los entes públicos con la constancia de la SEV en la que se acredite la operación regular del plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente del centro donde se ejecuten las obras.

La iniciativa añade que con esta modificación se mantendría el control del Orfis en las tareas de revisión de ingresos, egresos y deuda pública sobre todos los entes fiscalizables, pero permitiría que en los casos donde no se cuente con el instrumento público que acredite la propiedad del inmueble donde se encuentra la escuela, pueda ser validado por la SEV.

Dicha validación contendría que en el inmueble opera el centro educativo, con los registros correspondientes y una matrícula por ciclo escolar establecida, lo cual “permitirá garantizar que los recursos fueron aplicados a un centro escolar, sin que por ello se configure una falta que afecte la aplicación de dichos recursos”.



Por último, la iniciativa prevé precisar en la ley mencionada que, cuando se realice todo tipo de acciones para crear, construir, conservar, demoler o modificar bienes inmuebles donde se aloje un centro educativo, y la propiedad, los derechos de propiedad o incluso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos no se encuentren plenamente regularizados a favor de los entes públicos que ejecutan dichas obras, podrá acreditarse la situación jurídica con la constancia emitida por la SEV.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su análisis y dictamen.

Plantea Diputada iniciativa que busca evitar fraudes inmobiliarios



Con el objetivo de establecer mecanismos legales de transparencia e información previa en la comercialización de lotes destinados a vivienda y con el propósito de proteger el ahorro de las familias veracruzanas, prevenir fraudes inmobiliarios y contribuir a la construcción de un entorno de certeza jurídica, la diputada Elizabeth Morales García presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz.

De acuerdo con la iniciativa, presentada durante la segunda sesión ordinaria de la Diputación Permanente, se adicionarían los Artículos 39 Bis, 39 Ter, 39 Quáter y 105 Bis al citado ordenamiento para establecer que las personas físicas o morales que realicen actos de promoción, comercialización o venta de lotes destinados a vivienda deberán entregar una Ficha Informativa del Lote, en formato físico o digital a las personas interesadas, previo a la celebración de cualquier contrato o entrega de recursos económicos, que contenga información clara y suficiente respecto de la situación jurídica, urbana y administrativa del inmueble.

La mencionada Ficha deberá contener como datos: ubicación e identificación del predio; uso de suelo autorizado; existencia de autorizaciones, permisos o licencias relacionadas con la división, urbanización o comercialización del inmueble; disponibilidad o factibilidad de servicios públicos básicos o advertencias sobre restricciones, afectaciones.



De igual forma, riesgos o limitaciones conocidas que puedan afectar el aprovechamiento del inmueble; información sobre la situación jurídica del predio conforme a la documentación con la que cuente y bajo protesta de decir verdad; documento que acredite la propiedad, posesión legítima o facultades legales para comercializar el inmueble; información sobre la situación registral del inmueble, manifestando expresamente si actualmente es posible escriturar o cuáles son los trámites pendientes.

Asimismo, se precisaría en la ley que queda prohibido promover, ofertar o comercializar lotes destinados a vivienda presentándolos como plenamente regularizados cuando no cuenten con las autorizaciones urbanísticas correspondientes o cuando se omita informar a las personas interesadas sobre restricciones legales o administrativas conocidas. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo será sancionado conforme a las disposiciones administrativas aplicables previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

Por otra parte, se indicaría en la legislación que las autoridades estatales y municipales podrán difundir, vía electrónica, guías informativas para la adquisición segura de lotes destinados a vivienda. Dichas acciones deberán realizarse con los recursos humanos y materiales disponibles, sin que implique la creación de nuevas estructuras administrativas.



Se considerarían infracciones a la ley el promover, ofertar, comercializar o vender lotes destinados a vivienda sin entregar previamente a la persona interesada la Ficha Informativa del Lote; Proporcionar en la Ficha información falsa, incompleta o que induzca al error respecto de la situación jurídica, urbanística o administrativa del inmueble u Omitir informar restricciones, limitaciones, afectaciones o condiciones que puedan impedir o dificultar la escrituración, urbanización o aprovechamiento del inmueble cuando dichas circunstancias sean conocidas por quien realiza la comercialización.

La iniciativa, a la que se adhirió la diputada María Elena Córdova Molina, fue turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

Castigar penalmente el envenenamiento de animales, plantea diputada



La diputada Naomi Edith Gómez Santos presentó una propuesta legislativa para establecer como agravante de la pena ya establecida en el Código Penal del estado de Veracruz el empleo de sustancias que provoquen el envenenamiento de animales en los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de éstos.

La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura dio a conocer ante la Diputación Permanente una Iniciativa que, dijo, responde al mandato constitucional que México asumió con la reforma de diciembre de 2024, mediante la cual el bienestar animal dejó de ser únicamente una aspiración ética para convertirse en una obligación jurídica para todas las autoridades del país.

De acuerdo con su proponente, este proyecto busca fortalecer no únicamente la protección de los animales, sino también “los valores con los que queremos construir nuestra sociedad. Es una reforma que promueve la convivencia pacífica, fortalece la cultura de la legalidad y deja claro que en Veracruz no hay espacio para la crueldad ni para la violencia normalizada”.



En su presentación, la legisladora rechazó toda forma de maltrato y su normalización contra los seres vivos que no pueden defenderse, denunciar, “que dependen de nuestra responsabilidad, de nuestra empatía y, sobre todo, de la fuerza de nuestras leyes”.

Advirtió que el envenenamiento de un animal es un acto injustificable de crueldad que arrebata una vida a través del sufrimiento, miedo, desesperación, dolor y agonía. “Ningún ser vivo merece un final así”, aseveró.

Naomi Edith Gómez Santos afirmó que cuando la crueldad se normaliza o minimiza, deja de ser un problema individual y se convierte en un asunto que nos involucra a todas y todos y señaló la estrecha relación entre la crueldad hacia los animales y otras formas y patrones de violencia que después se ejercen contra personas.



Con la Iniciativa del Grupo Legislativo de Morena y las diputadas María Elena Córdova Molina, Elizabeth Morales García y Estefanía Bastida Cuevas, la Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Artículo 264 Quinquies del Código Penal del estado de Veracruz fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Presenta diputada proyecto de armonización de reforma al Poder Judicial

La Diputación Permanente turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales una Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Veracruz, en materia de reforma al Poder Judicial, autoría de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro.



En su proyecto, la legisladora plantea cumplir el mandato de armonización que exige el pacto federal, además de dotar al estado de Veracruz de un diseño institucional robusto, transparente y vanguardista, conjugando la legitimidad de la participación democrática con rigurosos criterios de excelencia técnica, un esquema de paridad automatizado y un control posterior del desempeño jurisdiccional, garantizando la transición hacia una judicatura verdaderamente independiente, profesional y cercana a las realidades sociales, consolidándose un sistema de justicia cuyo único compromiso sea la aplicación imparcial de la ley y el resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

De acuerdo con su iniciante, la reforma propuesta es un ejercicio formal de adecuación constitucional y consolidación institucional y su propósito fundamental es asimilar las experiencias y los aprendizajes derivados de los primeros ejercicios democráticos en el país para corregir asimetrías, simplificar los procesos y blindar la autonomía del Poder Judicial veracruzano.

Tanya Viveros propone que la próxima elección de magistraturas y judicaturas en Veracruz se celebre el primer domingo de junio de 2028. Esta prórroga en el calendario responde a criterios estrictamente técnicos y operativos.



Además, la iniciativa perfecciona el procedimiento de selección inicial mediante la reestructuración de los Comités de Evaluación de los tres Poderes del Estado, pues cada uno de éstos estaría compuesto por cinco personas honorables y de reconocido prestigio en el ámbito jurídico, quienes elegirán de entre sus miembros a su propio coordinador.

Introduce la figura de la Comisión Coordinadora como un órgano colegiado que asumiría la función institucional de emitir acuerdos unificados y establecer metodologías de evaluación homologadas, a fin de garantizar que los tres Comités funcionen bajo un mismo estándar técnico, evitando criterios discrepantes o arbitrarios entre los Poderes postulantes.

También propone un sistema de selección estructurado en dos etapas: de evaluación de excelencia y de depuración aleatoria, e inscribe la paridad de género desde la estructura inicial del proceso.



En el mismo sentido, presenta las bases generales de organización que delegan la conducción de los procesos comiciales en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y le confiere la responsabilidad de planificar, regular e instrumentar el despliegue técnico y logístico de la jornada ordinaria.