La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, figura entre siete mandatarios estatales cuyas cuentas personales y las de su entorno familiar habrían sido colocadas bajo revisión por autoridades financieras de Estados Unidos, según un reporte publicado por el medio de comunicación Código Magenta que cita a ejecutivos del sistema financiero estadounidense.
De acuerdo con la publicación, la instrucción habría sido enviada a filiales mexicanas de bancos de capital extranjero y podría derivar en el congelamiento de cuentas. Sin embargo, la medida no ha sido confirmada por autoridades de México ni de Estados Unidos.
El listado difundido por el medio incluye además a las gobernadoras Layda Sansores, de Campeche; Margarita González, de Morelos; y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como a los gobernadores Esteban Villegas, de Durango; Manolo Jiménez, de Coahuila, y Salomón Jara, de Oaxaca.
Código Magenta señaló que la presunta directriz se suma a acciones de escrutinio financiero que ya alcanzan a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de Tamaulipas, Américo Villarreal. La publicación ubica la medida en el contexto de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para investigar posibles vínculos entre actores políticos mexicanos y organizaciones criminales.
Esto ocurre tras el caso de Rocha Moya
Según el reporte, el caso ocurre después de la acusación presentada por un Gran Jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y protección al Cártel de Sinaloa.
El medio también afirmó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que cualquier procedimiento de extradición debe pasar por la valoración de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial: “Vienen por unos y luego por otros hasta que Estados Unidos sea el principal elector”, citó Código Magenta de una declaración realizada por Sheinbaum el pasado 31 de mayo.
Asimismo, el portal sostuvo que días antes de esa declaración se habría presentado a la Presidenta información relacionada con gobernadoras/es mexicanos que eventualmente podrían enfrentar procedimientos judiciales en territorio estadounidense.
La publicación recordó que, en febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para catalogar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, decisión que amplió las herramientas legales de las agencias estadounidenses para investigar operaciones financieras relacionadas con dichos grupos.
Como antecedente, citó las acciones emprendidas por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero.