Indemnizaciones y remediaciones, los pendientes de PEMEX en Veracruz: Carpio Fragoso

Petróleos Mexicanos (PEMEX) mantiene pendientes indemnizaciones y acciones de remediación por los daños ocasionados por el incendio del pozo Krem-1, en Las Choapas, Veracruz, mientras que los reclamos de pescadores afectados por derrames de hidrocarburos en el Golfo de México continúan sin una solución para todas las comunidades.

La empresa reportó pagos a productores, la revisión de 690 parcelas y la autorización de 30 millones de pesos adicionales, aunque no estableció una fecha para concluir la reparación de los daños. Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el director general de PEMEX, Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que la petrolera ha atendido 129 expedientes de indemnización relacionados con el incendio del Krem-1, ocurrido el 5 de marzo de 2026 y controlado después de 150 días.

El funcionario precisó que se inspeccionaron 690 parcelas pertenecientes a 10 ejidos. De los expedientes atendidos, 60 corresponden a la denominada zona cero, donde se concentraron las afectaciones, y otros 69 a una zona de impacto moderado. Reconoció que existen compensaciones adicionales en proceso de gestión. “Se han pagado 60 expedientes por un monto de 88 millones de pesos que están en la zona cero. Son 69 expedientes de la zona moderada por un monto de 29 millones de pesos y se encuentran en gestión aproximadamente otros 120 millones de pesos para cubrir afectaciones”, indicó.



La información fue presentada después de que la diputada federal veracruzana Lorena Piñón Rivera, del PRI, cuestionó el incumplimiento de compromisos con habitantes de Las Choapas, donde productores denunciaron pérdidas de cultivos, daños en potreros, muerte de ganado y afectaciones a terrenos agrícolas.

La legisladora recordó que el 18 de septiembre alrededor de 500 campesinos de 25 ejidos bloquearon los accesos al pozo para exigir indemnizaciones. Tras la protesta, representantes de PEMEX asumieron compromisos de pago cuyo plazo, de acuerdo con los afectados, venció el 3 de noviembre.

La diputada sostuvo que el incendio afectó a 29 comunidades de Las Choapas y reclamó información sobre las consecuencias económicas, ambientales y sanitarias del siniestro, así como sobre los procedimientos de responsabilidad patrimonial que enfrenta PEMEX por sus operaciones. El reclamo coincidió con la difusión, el mismo 9 de noviembre, de un estudio de Greenpeace México que documentó residuos de hidrocarburos en muestras de agua, suelo y sedimentos recolectadas en las inmediaciones del Krem-1.



La organización informó que entre las sustancias detectadas se encuentra el benzo[a]pireno, clasificado como cancerígeno para los seres humanos. En las muestras de agua analizadas, sus concentraciones superaron entre 61 y 113 veces los valores de referencia internacionales utilizados en el estudio. Sin embargo, durante su comparecencia Carpio Fragoso no detalló cuánto se ha destinado específicamente a la restauración de suelos y cuerpos de agua en ese municipio, ni respondió cuándo concluirán las evaluaciones de contaminación.

Atención a derrames
Los señalamientos también abarcaron los derrames de petróleo registrados durante 2026 en el Golfo de México, cuyos efectos alcanzaron las costas de Veracruz y Tabasco y provocaron reclamos de comunidades dedicadas a la pesca.

Piñón Rivera cuestionó el manejo de la fuga ocurrida en febrero en un oleoducto del complejo Abkatún-Pol-Chuc, ubicado en la Sonda de Campeche, después de que PEMEX reconoció que personal de la empresa había ocultado información sobre el incidente. El 16 de abril, la petrolera confirmó que el derrame tuvo su origen en una fuga de un oleoducto de 36 pulgadas y que se realizaron reparaciones sin conocimiento de la dirección general.



PEMEX informó entonces que las áreas operativas habían negado la existencia de la fuga, pese a la presencia de hidrocarburos en el mar y posteriormente en las costas. Como resultado, tres funcionarios fueron separados de sus cargos y los hechos se denunciaron ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La legisladora pidió establecer las responsabilidades por el manejo de la emergencia y conocer si las investigaciones han derivado en sanciones, además de identificar los seguros y garantías disponibles para cubrir los daños ambientales y económicos. Respecto de las compensaciones por el derrame, Carpio Fragoso confirmó la entrega de apoyos económicos de 15 mil pesos por pescador.

El programa federal anunciado el 1 de abril por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca contemplaba inicialmente a 3 mil 679 pescadores de Veracruz y Tabasco, de los cuales 800 correspondían a territorio veracruzano y 2 mil 879 a la entidad vecina. En un reporte posterior de atención a la contingencia, el Gobierno federal contabilizó a mil cuatro pescadores de Veracruz beneficiados mediante el programa Bienpesca, pertenecientes a localidades de Agua Dulce, Coatzacoalcos y Pajapan.



No obstante, Piñón Rivera cuestionó que las transferencias económicas no estuvieran acompañadas de una evaluación sobre el costo de la contaminación para las actividades pesqueras, turísticas y comerciales de las comunidades. También recordó que pescadores indígenas del sur de Veracruz recurrieron al juicio de amparo para solicitar que PEMEX los reconociera como afectados y les permitiera acceder a las compensaciones.

En julio, integrantes de comunidades nahuas de la Sierra de Santa Marta y de Pajapan denunciaron que habían quedado fuera de los mecanismos de atención, pese a depender de la pesca y otras actividades vinculadas con los recursos marinos. La diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, también planteó revisar los criterios utilizados para identificar a los beneficiarios. Solicitó incorporar a pescadores que no pertenecen a cooperativas, habitantes de comunidades indígenas y familias que dependen económicamente de la actividad pesquera.

Flores Elizondo propuso establecer un padrón público de personas afectadas, mantener las compensaciones mientras persistan las consecuencias de la contaminación y presentar un programa de remediación con metas y fechas de cumplimiento. Por su parte, Piñón Rivera reclamó a PEMEX establecer un programa para los municipios petroleros de Veracruz, con presupuesto, mecanismos de prevención de derrames, recursos de reparación ambiental y resultados sujetos a revisión.
"La responsabilidad social no es filantropía: es una obligación legal", expresó la legisladora, quien invocó los artículos 110 y 111 de la Ley de Petróleos Mexicanos.



La diputada solicitó conocer cuántas brigadas certificadas atienden emergencias petroleras en Veracruz, qué capacitación reciben, cuántos simulacros se realizan y cuál será el presupuesto de mantenimiento de ductos durante 2027. También pidió un informe de los procedimientos de responsabilidad ambiental y patrimonial promovidos contra PEMEX, las resoluciones emitidas y los recursos utilizados para cumplir las indemnizaciones.

"Veracruz no puede seguir aportando sus recursos y territorio mientras sus familias cargan con las consecuencias", declaró Piñón Rivera al concluir la comparecencia.

Desabasto de medicinas también afecta a PEMEX



Otro de los asuntos planteados por la diputada veracruzana fue el funcionamiento de los servicios médicos de PEMEX, particularmente las quejas de derechohabientes sobre falta de medicamentos, suspensión de servicios subrogados y adeudos con proveedores. Carpio Fragoso reconoció que las 15 farmacias de PEMEX ubicadas en Veracruz registran un abastecimiento de medicamentos del 86 por ciento, por debajo del promedio nacional de 93.6 por ciento.

"En Veracruz el abasto de medicamentos en 15 farmacias es del 86 por ciento y, insisto, trabajando para llegar al 100 por ciento", afirmó el funcionario.

Piñón Rivera también solicitó información sobre los adeudos con proveedores de servicios médicos y la actualización de las estadísticas de mortalidad de PEMEX, cuyos registros, según expuso, presentan rezagos desde hace dos años.