Comunidades nahuas y nuntajiiyi’ de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan promovieron una queja como parte del amparo que presentaron contra el gasoducto Puerta del Sureste por falta de consulta y riesgo ambiental, confirmó Greenpeace.
El recurso fue presentado el 25 de junio ante juzgados federales en Coatzacoalcos, con el respaldo de dicha organización. Debido a que fue desechado inicialmente, los promoventes presentaron una queja ante un Tribunal.
El amparo va dirigido contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el INPI y la ASEA, y reclama violaciones al derecho a la libre autodeterminación y uso del territorio marítimo indígena.
“En este juicio de amparo se reclaman: la falta de información pública hacia nosotras, las comunidades indígenas afectadas, y la violación de nuestro derecho como pueblos indígenas a la libre autodeterminación relacionada con la disposición de nuestro ‘maritorio’”, señaló Greenpeace.
Los inconformes también pidieron como medida cautelar detener el suministro de gas mientras no se demuestre científicamente que no habrá daños a los ecosistemas ni afectación a fuentes de alimento.
“Lo que implica que se compruebe científicamente que no existirán daños al ambiente y a los ecosistemas (...) y que no afectarán a las especies de especial cuidado y protección de acuerdo con las normas vigentes”, indicó la organización.
Decisión omisa
El juez desechó el juicio el 28 de junio. Según los quejosos, la decisión fue omisa y desconoció sus derechos colectivos y sus prácticas de toma de decisiones.
“El Juzgado (...) decidió desechar nuestro juicio de amparo siendo omiso a nuestro planteamiento y desconociendo nuestro derecho a acceder a la justicia en materia ambiental”, denunciaron.
El 7 de julio, las comunidades promovieron un recurso de queja para que un tribunal colegiado revise el fallo.
La obra, construida con una inversión de 3 mil 900 millones de dólares, conecta Tuxpan con Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco. Tiene 715 kilómetros y capacidad para mil 300 millones de pies cúbicos de gas al día.
El gasoducto comenzó operaciones en mayo tras ser concluido en enero. Desde su planeación ha sido cuestionado por fragmentar su evaluación ambiental en dos manifestaciones —una terrestre y otra marina— y por omitir un arrecife en Tuxpan.