INE acuerda aumento salarial mínimo de 6% para personal de módulos

El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó con representantes de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana establecer un incremento salarial mínimo de 6 por ciento a partir de enero de 2027, aunque dejó abierta la posibilidad de elevarlo mediante una revisión presupuestal y la disponibilidad de recursos.

El acuerdo se alcanzó después de una mesa de diálogo entre cuatro integrantes del Consejo General del organismo y una comisión de ocho representantes del personal, luego de las manifestaciones y el paro de actividades realizados en distintas entidades del país para exigir mejores condiciones laborales.

Al término de la reunión, el INE informó que el compromiso contempla revisar las demandas salariales y atender deficiencias en las instalaciones donde opera el personal encargado de tramitar y entregar credenciales para votar.



Se explicó que el 6 por ciento representa una base que el Instituto considera viable con las economías y redistribuciones presupuestales disponibles, pero se analizará si puede ofrecerse un porcentaje adicional una vez que se conozca el impacto del recorte presupuestal anunciado. También señaló que podría solicitarse una ampliación de recursos o utilizar economías que se generen durante 2027, siempre que las actividades prioritarias del proceso electoral estén garantizadas.

Además del incremento salarial, el INE se comprometió a atender durante el último bimestre de 2026 diversas deficiencias en los centros de trabajo. Entre las principales demandas se encuentran el mantenimiento de sanitarios, accesos, puertas e instalaciones de los módulos, así como el suministro de papelería, materiales de limpieza y servicios de vigilancia.

La revisión no se limitará a los módulos de atención ciudadana, sino que abarcará las 332 juntas ejecutivas locales y distritales del organismo. Otro de los compromisos consiste en revisar las jornadas laborales, los días de descanso y garantizar que el personal disponga de 30 minutos para tomar alimentos durante su horario de trabajo.



Asimismo, se acordó reforzar el cumplimiento de las prestaciones y disposiciones laborales, particularmente en el otorgamiento de permisos establecidos en la normativa interna.

La autoridad electoral indicó que las necesidades no son iguales en todas las oficinas, por lo que se realizará un diagnóstico particular para determinar las intervenciones y los recursos requeridos. Se prevé que hacia finales de noviembre pueda conocerse el monto que se destinará a estas mejoras, una vez concluida la evaluación correspondiente.

Durante la conferencia, la consejera Carla Humphrey informó que de los 841 módulos de atención ciudadana que tiene el INE en el país, únicamente 297 reportaron operaciones durante la jornada de manifestaciones, mientras que 544 permanecieron sin servicio.



Esto representa que el 35.3 por ciento de los módulos continuó operando y el 64.7 por ciento no brindó atención. Las entidades con mayor número de módulos en funcionamiento fueron Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas y Querétaro. En contraste, Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala reportaron el cierre de la totalidad de sus módulos.

La consejera aseguró que las citas que no pudieron atenderse serán reprogramadas y se establecerán mecanismos de atención diferenciada para quienes únicamente acudieron a recoger su credencial. El compromiso de las consejerías y de los representantes del personal fue que todos los módulos del país retomaran sus actividades al 100 por ciento al día siguiente, con el propósito de evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la denuncia de trabajadores que aseguraron haber recibido amenazas o advertencias de representantes de las juntas ejecutivas del Instituto por participar en las protestas. Al respecto, la presidenta del organismo afirmó que no se permitirán represalias administrativas, descuentos salariales ni sanciones contra quienes decidieron manifestarse, trabajar bajo protesta o ausentarse para expresar sus inconformidades.



Explicó que desde el sábado se había emitido una circular dirigida a las delegaciones para establecer que el personal podía ejercer estas formas de manifestación sin recibir castigos. Añadió que, si se identifica algún caso de intimidación por parte de funcionarios del Instituto, será revisado de manera particular.

Durante la conferencia también se cuestionó a las consejerías sobre el malestar de los trabajadores ante las denuncias de presuntas irregularidades y conflictos de interés relacionados con el manejo de recursos del Instituto. Los cuestionamientos retomaron las consignas de los manifestantes, quienes reclamaron que mientras se denuncian gastos y posibles beneficios indebidos, el personal de los módulos enfrenta carencias en sus espacios de trabajo y dificultades para cubrir sus necesidades.

Carla Humphrey manifestó que la inconformidad por los presuntos actos de corrupción y conflictos de interés no es exclusiva de los trabajadores, y recordó que el INE aprobó un acuerdo para impulsar investigaciones internas y externas. Por su parte, la presidencia del organismo aseguró que cualquier gasto destinado a mejorar las instalaciones será transparente y estará sujeto a rendición de cuentas.



Con los acuerdos alcanzados, el INE busca desactivar el conflicto laboral y restablecer la atención ciudadana, mientras queda pendiente la revisión de un posible incremento salarial superior al 6 por ciento y la solución de las demandas que requieren ajustes presupuestales.