Informa la SEDENA sobre el operativo en Río Medio II donde fueron abatidos 4 delincuentes

La Procuraduría General de la República, a través del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación en Veracruz, inició averiguación previa contra quien resulte responsable del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, luego del enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y personas armadas, en el municipio de Veracruz.

De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/VER/VER/I/376/2011, elementos del Ejército Mexicano pertenecientes a la VI Región Militar, al realizar recorridos de patrullaje de vigilancia sobre la avenida Víctor Sánchez Tapia, en la colonia Río Medio II, en el municipio referido, interceptaron una camioneta, color azul, marca Honda, tipo CRV, con cristales polarizados, con placas de circulación del estado, cuyos tripulantes al notar la presencia de los elementos de la milicia pretendieron darse a la fuga, agrediendo a los uniformados con disparos de arma de fuego, por lo que al repeler la agresión cayeron abatidas las cuatro personas que iban a bordo de la camioneta.

En el lugar de los hechos, al efectuar una revisión al interior del vehículo mencionado se localizó lo siguiente:

• Tres armas de fuego tipo AK-47, calibre 7.62 x 39 milímetros con un cargador de capacidad para 30 cartuchos

• 526 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros

• 117 cartuchos calibre .223 milímetros

• 20 cargadores para AK-47 con capacidad para 30 cartuchos cada uno

• Cinco cargadores para fusil AR-15 con capacidad para 30 cartuchos cada uno

• Una granada de fragmentación

• Dos fajillas negras con dos porta cargadores cada uno

Por los hechos antes descritos, armas, cartuchos, cargadores y vehículo asegurados fueron puestos a disposición del Fiscal Federal, quien inició la averiguación previa referida para continuar con las investigaciones.

El Gobierno Federal sigue trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la seguridad de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.