Información de procesos penales contra exduartistas se queda “bajo llave”

Tres meses antes de que concluyera la administración de Edel Álvarez Peña como presidente del Poder Judicial de Veracruz, su Comité de Transparencia determinó clasificar como información reservada todos los procesos penales donde se vieron involucrados los exfuncionarios duartistas.

A través de diversos solicitudes de información, se requirió al Poder Judicial que brindara las versiones públicas de los procesos penales que enfrentaban Flavino Ríos Alvarado, Luis Ángel Bravo Contreras, Arturo Bermúdez Zurita, Gina Domínguez Colío y Francisco Valencia García, sin embargo, todos esos casos fueron reservados.

De esta manera se evitó que se diera alguna versión pública de los asuntos, esto a pesar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información determina que en casos donde se presenten hechos de corrupción no se permiten las reservas ni clasificar información como confidencial



Entre los argumentos esgrimidos por el Comité de Transparencia del Poder Judicial, refiere que los datos solicitados se tratan de resoluciones emanadas de un procedimiento de naturaleza penal que aún no concluye, pues incluso está pendiente de iniciar la etapa de enjuiciamiento.

Y agrega “con base en lo anterior, se debe considerar que si bien es cierto, los ciudadanos tienen derecho a conocer la información que generan los entes públicos, al realizar las atribuciones y facultades que le son encomendadas, en el caso de los expedientes judiciales sobre litigios de índole penal, la normatividad impone una serie de limitantes al ejercicio de tal prerrogativa en virtud de que la divulgación de información relacionada con la investigación de los hechos delictuosos, puede impedir el éxito de las actividades de investigación, o incluso puede vulnerar la protección de personas o bienes jurídicos que son necesarios para dilucidad la verdad sobre los hechos”.

Bajo esa lógica, el Poder Judicial advirtió que la difusión preliminar del contenido de las actuaciones que constan en una causa penal pueden afectar la conducción de los procesos, hacen necesaria la clasificación de dicha información como reservada.