Informe “Prohibido investigar”: impunidad en crímenes contra periodistas en Veracruz

La organización Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C. presentó su informe “Prohibido investigar: la impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, un documento de 82 páginas que reconstruye asesinatos de periodistas ocurridos principalmente durante el periodo de los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa y analiza la actuación de las autoridades encargadas de esclarecerlos

El estudio, cuya primera edición corresponde a 2026, sostiene que los asesinatos de periodistas en Veracruz no pueden entenderse como hechos aislados, sino dentro de un contexto de macrocriminalidad, violencia institucional e impunidad. La investigación fue coordinada por Sara Lidia Mendiola Landeros e Ingrid Midori Pérez Guzmán.

Veracruz, uno de los escenarios más letales para la prensa

Propuesta Cívica sostiene que entre 2010 y 2016 Veracruz vivió uno de los periodos más violentos para el ejercicio periodístico en México. De acuerdo con el informe, durante ese lapso un periodista fue asesinado, en promedio, cada tres meses.

El documento señala que durante el gobierno de Javier Duarte fueron asesinados 18 periodistas, cifra que, con base en datos atribuidos a Artículo 19, convierte a ese sexenio en el periodo estatal con mayor número de comunicadores asesinados. Asimismo, el informe señala que hasta 2025 Veracruz acumulaba 31 periodistas asesinados, la cifra más alta entre las entidades del país, según la fuente citada por Propuesta Cívica.

La investigación no pretende revisar todos los asesinatos de periodistas ocurridos en Veracruz. Su metodología se concentra en tres hechos delictivos que dejaron ocho víctimas asesinadas, para revisar directamente expedientes y determinar cómo actuaron las fiscalías estatal y federal. Entre los casos analizados se encuentran los asesinatos de Miguel Ángel López Velasco, “Milo Vela”; su esposa, Agustina Solana Melo; su hijo, Misael López Solana; Yolanda Ordaz de la Cruz; Gabriel Huge Córdoba; Guillermo Luna Varela; Esteban Rodríguez Rodríguez y Ana Irasema Becerra.

El informe reconstruye incluso las últimas horas de algunas de las víctimas a partir de declaraciones y documentos contenidos en los expedientes ministeriales. Uno de los principales hallazgos de Propuesta Cívica es que las autoridades investigaron los crímenes de manera fragmentada, sin intentar determinar si existía una estructura criminal o institucional común detrás de distintos hechos.

El informe identifica 14 patrones estructurales en los expedientes revisados y entre ellos destaca que las investigaciones no contaban con planes sólidos, hipótesis claras ni una teoría del caso suficientemente sustentada. Según el documento, las fiscalías no abordaron los asesinatos desde una perspectiva integral de macrocriminalidad, redes criminales, análisis financiero o contexto.

La organización sostiene además que, en varios casos, las autoridades se limitaron a señalar como responsables a grupos criminales como Los Zetas o MataZetas, sin profundizar suficientemente en la posible participación de corporaciones policiacas, funcionarios u otros actores.

¿Qué significa “macrocriminalidad”?. El concepto es central en el informe

Propuesta Cívica plantea que las estructuras de macrocriminalidad pueden surgir de la interacción entre gobierno, empresas y crimen organizado, creando redes capaces de ejercer control territorial e influir en instituciones. Bajo este enfoque, los delitos no deberían investigarse individualmente, sino buscando conexiones entre homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones, narcotráfico, robo de hidrocarburos y otros delitos que pueden formar parte de una misma estructura.

El documento utiliza incluso el concepto de “gobernanza criminal” para describir situaciones en las que actores políticos y criminales pueden interactuar para controlar territorios y obtener beneficios ilícitos.

El periodismo como posible móvil

Otro de los señalamientos centrales es que las investigaciones no habrían considerado suficientemente la actividad periodística de las víctimas como posible móvil de los asesinatos.

Propuesta Cívica señala que muchos de los periodistas asesinados cubrían temas relacionados con corrupción, narcotráfico y redes de macrocriminalidad, y que algunos habían recibido amenazas antes de ser asesinados. Para la organización, esos antecedentes debieron constituir líneas de investigación prioritarias y no quedar subordinados a hipótesis que apuntaban únicamente hacia conflictos entre grupos criminales.

El informe también pone atención en la forma en que fueron cometidos algunos de los homicidios. Se documentan casos con signos de violencia extrema, decapitación y abandono de cuerpos en lugares públicos. Propuesta Cívica considera que esas características debieron investigarse como posibles elementos de un patrón común.

La organización sostiene que el efecto de estos crímenes trascendió a las víctimas directas: produjo un clima de miedo entre otros periodistas, familiares y personas cercanas. En uno de sus principales planteamientos, el informe señala que ese ambiente terminó funcionando como una forma de censura, porque el mensaje para otros comunicadores era que cuestionar determinados intereses podía tener consecuencias mortales.

Uno de los expedientes reconstruidos es el de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, cuyo asesinato ocurrió en julio de 2011. El documento reconstruye las horas previas a su desaparición, incluyendo llamadas telefónicas, la búsqueda realizada por policías y los testimonios incorporados a la investigación.

El expediente también contiene una versión según la cual dos camionetas habrían cerrado el paso al automóvil en el que viajaba Ordaz y un hombre armado la habría obligado a cambiarse al asiento del copiloto. Posteriormente, su cuerpo fue localizado detrás del diario Imagen.

Propuesta Cívica cuestiona que diversas declaraciones y versiones no fueran suficientemente corroboradas mediante otras diligencias y que algunas hipótesis terminaran tratándose como conclusiones sin contar con evidencia suficiente.

Una conclusión particularmente severa

En su conclusión, Propuesta Cívica afirma que los expedientes revisados permiten identificar patrones reiterados en la actuación de las fiscalías que obstaculizaron el esclarecimiento de los crímenes y contribuyeron a un esquema de impunidad estructural.

El documento sostiene que los asesinatos de Miguel Ángel López Velasco, su familia, Yolanda Ordaz, Gabriel Huge y otros periodistas ocurridos entre 2011 y 2012 deben analizarse dentro de un contexto más amplio de violencia y macrocriminalidad.

La organización señala además una posible convergencia entre estructuras gubernamentales, corporaciones policiacas y organizaciones criminales, aunque se trata de conclusiones y señalamientos contenidos en el informe de Propuesta Cívica, no de determinaciones judiciales.

El costo de no investigar

El informe plantea que el problema no termina con identificar a los autores materiales de un asesinato. Para Propuesta Cívica, una investigación eficaz debe establecer quién ordenó, quién ejecutó, quién facilitó, quién encubrió y qué estructura permitió que el crimen ocurriera.

Por ello cuestiona que los expedientes hayan concentrado la responsabilidad en organizaciones criminales sin profundizar suficientemente en las posibles conexiones institucionales. El informe sostiene que sin investigaciones de contexto, análisis de redes y análisis financiero es difícil establecer la dimensión completa de los crímenes y determinar responsabilidades más allá de los autores directamente señalados.

Peero más allá de los asesinatos, la relevancia del documento para Veracruz trasciende los ocho casos estudiados. Propuesta Cívica plantea que la violencia contra periodistas debe considerarse también un indicador del deterioro democrático, porque cuando un comunicador es asesinado, amenazado o desplazado, el impacto alcanza el derecho de toda la sociedad a estar informada.

El informe advierte que México continúa enfrentando violencia contra la prensa, mientras que las formas de intimidación se han sofisticado y también pueden incluir acoso judicial y autocensura.

El informe “Prohibido investigar”, elaborado por el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta que permanece abierta en Veracruz: qué ocurrió realmente detrás de los asesinatos de periodistas y por qué, después de más de una década, las investigaciones no han logrado esclarecer de manera integral las posibles redes de responsabilidad.

Fuente principal: Propuesta Cívica, “Prohibido investigar: la impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, primera edición 2026.
Importante: los señalamientos sobre colusión entre funcionarios y grupos criminales son conclusiones y acusaciones formuladas por Propuesta Cívica a partir del análisis de los expedientes; no deben presentarse como hechos judicialmente acreditados sin una resolución o investigación oficial que los confirme.