A partir de este sábado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) abre los procedimientos de investigación para que 223 entes estatales y municipales intenten solventar las presuntas irregularidades financieras detectadas en la Cuenta Pública 2024, que ascienden a los 2 mil 372 millones 867 mil 569.51 pesos.
Este sábado se promulgó, se publicó y entró en vigor el dictamen de la referida Cuenta Pública, por lo que el ente fiscalizador empezará a notificar a los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de los entes observados, o a quien ejerza esas funciones, las observaciones y recomendaciones determinadas que sean de su competencia para su debida atención.
El presunto quebranto financiero quedó detectado en el último año del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por un monto de 829 millones 397 mil 442.45 pesos; en 174 ayuntamientos el presunto daño es por mil 537 millones 550 mil 416.82 pesos.
Los exservidores públicos del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez que encabezaron 5 Secretarías de despacho (SEV, SIOP, SEDESOL, SEDEMA y SEDARPA) deberán comprobar la aplicación correcta de 62 millones 632 mil 248.42 pesos que tienen señalados como presunto daño patrimonial.
En 34 Organismos Públicos Descentralizados (OPDS) se deben solventar 766 millones 765 mil 194.3 pesos.
En el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV) del Poder Judicial hay un daño por aclarar de 63 mil 263.4) y en la Universidad Veracruzana (UV) un millón 407 mil 317.86 pesos.
En 174 ayuntamientos el presunto daño es por mil 537 millones 550 mil 416.82 pesos.
En 8 entidades paramunicipales, el presunto daño es por 4 mil 449 millones 156 mil.34 pesos y fue detectado en las CMAS de Banderilla, Coatepec, Coatzacoalcos, Coscomatepec, y Lerdo de Tejada; así como en denominado Hidrosistema de Córdoba, en el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) de Veracruz y en el Sistema Intercomunicador de Gestión Integral de Residuos Sólidos urbanos y Manejo Especial (SIGIRES).
Dentro del proceso de investigación el ORFIS deberá entregar al Congreso, durante los primeros 5 días de los meses de marzo y septiembre de cada año, los Informes de Seguimiento correspondientes a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.
Dichos informes deberán incluir los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia de las acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos de cualquier otra índole que se hubieren llevado a cabo.