Inicia proceso para determinar si Sofía Martínez pierde magistratura

La Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado inició este jueves el proceso intermedio del juicio político que se sigue contra la magistrada y expresidenta del Poder Judicial de Veracruz, Sofía Martínez Huerta.

Al respecto, la diputada Jessica Ramírez Cisneros recordó que tras la conclusión de la audiencia, la Comisión tendrá 24 horas para recibir la respuesta de la defensa de Martínez Huerta y tres días más para dictaminar.

En caso de ser aprobado el juicio político, iniciado tras una denuncia en su contra, la Magistrada sería retirada del cargo e inhabilitada para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta diez años, “atendiendo a la gravedad de la infracción”.



"Tenemos hasta el día martes para que nosotros entreguemos nuestra parte para contestarle a la Magistrada", explicó la legisladora morenista.

Cuestionada respecto a qué garantías podría acceder la Magistrada para llevar un proceso apegado a la legalidad, la diputada evadió responder, máxime que la propia Martínez Huerta ha acusado persecución.

"Vuelvo a guardar la parte de la secrecía de la Comisión".



Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, un despacho de abogados denunció a Martínez Huerta, acusándola de incurrir en actos arbitrarios y de usurpación de funciones reservadas al pleno del Consejo de la Judicatura.

El despacho “Aguirre & Montoya Abogados” señaló que la única vía legal que permite someter ante la justicia a un magistrado en funciones es el juicio político, puesto que la magistrada intervino en la jurisdicción del juez, José Clemente Zorrilla Rostro, sin la autorización del Consejo.

En caso de que el dictamen de la Comisión sea en sentido positivo, se requiere del voto de las dos terceras partes del Congreso para validarlo, es decir, al menos 34 votos o mayoría calificada.



De acuerdo con la Ley de Juicio Político del Estado, la Comisión Permanente Instructora dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.

Si de las constancias existentes se desprende que el denunciado no es responsable de los actos u omisiones imputados, la Comisión Permanente Instructora, en su dictamen, propondrá al jurado de acusación que acuerde no ha lugar a proceder en contra del servidor público.

Si de las constancias del procedimiento apareciere la responsabilidad del servidor público, la Comisión dictaminará que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia y la responsabilidad del encausado; y la propuesta de sanción que deba imponerse.



Ya que el Congreso del Estado se encuentra en receso, la Secretaría General solicitará a la Diputación Permanente que convoque a sesión extraordinaria, en la que el Pleno se erigiría en jurado de acusación.

Si el jurado de acusación no resuelve, por la mayoría calificada requerida, que es procedente la acusación, se ordenará archivar el expediente como asunto totalmente concluido.

Si el jurado de acusación acuerda que ha lugar a continuar el procedimiento, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia, al que deberá consignar el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento.



Además, la Comisión Permanente Instructora sostendrá la acusación ante dicho tribunal.