Iniciativa de PAN busca homologar feminicidio en Veracruz con legislación federal

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local con el fin de homologar el delito de feminicidio a lo establecido en la legislación federal.

La propuesta, firmada por la diputada Indira de Jesús Rosales San Román y la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez, así como por el diputado Enrique Cambranis Torres y el diputado Fernando Yunes Márquez, plantea ampliar las circunstancias en las que se configura el feminicidio, además de endurecer sanciones contra servidores públicos que obstaculicen la procuración o administración de justicia.

De acuerdo con la exposición de motivos, “los feminicidios son la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra ellas, en razón de su género. Una constante de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan”.

Los legisladores argumentaron que la reforma busca armonizar el tipo penal con el Código Penal Federal, atendiendo recomendaciones internacionales y nacionales. “La presente iniciativa tiene como propósito armonizar el tipo penal de feminicidio con las disposiciones vigentes establecidas en el orden federal, específicamente con el Código Penal Federal, logrando un marco jurídico uniforme que fortalezca la atención, la investigación y sanción de este delito”, expusieron.

Siguen los crímenes

En la iniciativa se señala que de enero a agosto de 2025 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 434 feminicidios en México, de los cuales 22 ocurrieron en Veracruz. Sin embargo, el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana documentó 42 casos en el mismo periodo.

El documento también hace referencia a la evaluación del Estado mexicano ante el Comité de la CEDAW en junio de 2025, donde se expresó preocupación por la falta de datos verificables y por la práctica de clasificar feminicidios bajo otras figuras jurídicas. La iniciativa plantea que el feminicidio sea sancionado con penas de 40 a 70 años de prisión y contempla agravantes cuando la víctima sea menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad. Asimismo, establece que los servidores públicos que retrasen o entorpezcan las investigaciones enfrenten de 5 a 15 años de prisión, además de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.