Instalan mesa de trabajo en el Congreso sobre sindicalización única en el Poder Ejecutivo

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista, recibió a líderes sindicales que protestaron en el Congreso por la iniciativa de sindicalización única promovida por el diputado morenista Juan Tress Zilli.

Los representantes acusaron que la propuesta centraliza la representación sindical y afecta derechos laborales como las condiciones generales de trabajo y la seguridad social, que –según afirmaron– sigue pendiente para unos 9 mil 800 empleados con años de servicio.

Advirtieron que la iniciativa favorecería a organizaciones afines al Gobierno y que, de mantenerse, podrían realizar paros o manifestaciones. Demandaron que se retire el proyecto y se abran mesas de diálogo para atender sus exigencias.



Tras la marcha que partió del centro de Xalapa hacia el Palacio Legislativo, Bautista recibió a los manifestantes y les confirmó que dialogarán con el secretario de Trabajo, Arturo Santiago Martínez.

“Ahorita viene gente de Gobierno, viene también el secretario de Trabajo a dialogar; desde anoche me reuní con ellos. Vamos a platicar con ellos, que se designe a una comisión y que pasen”, dijo el Legislador.

Posteriormente, alrededor de 30 dirigentes e integrantes sindicales conformaron una comisión e ingresaron a la sala Venustiano Carranza para iniciar el encuentro.



¿Qué plantea la iniciativa?

El 13 de noviembre, el diputado Juan Tress Zilli propuso que la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad asuma el registro de sindicatos y de condiciones generales de trabajo del sector público en Veracruz, facultades que actualmente ejerce el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial (TCA).

El proyecto derivaría en el reconocimiento de un sindicato único por cada entidad pública, al establecer que en cada dependencia sólo podrá existir una organización registrada. En caso de competencia inicial, la Secretaría de Trabajo otorgaría el registro al grupo mayoritario.



Tress justificó que trasladar estas funciones al Ejecutivo permitiría que el Tribunal se concentre en la resolución de conflictos laborales. La iniciativa modifica la Ley Estatal del Servicio Civil para que los sindicatos del sector público se registren exclusivamente ante la Secretaría de Trabajo y para que, cuando no exista una organización registrada, el grupo mayoritario sea reconocido como titular.

La propuesta obliga a presentar padrones completos de afiliados y a mantener actualizados los documentos internos.

La reforma al artículo 22 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo también facultaría a la Secretaría de Trabajo para integrar y actualizar la regularización jurídica de organizaciones obrero-patronales y expedir registros sindicales del apartado “B” del artículo 123 constitucional.



El proyecto incorpora el artículo 115 Bis, que establece reglas de vida interna sindical: convocatorias a asambleas, procedimientos de expulsión, administración del patrimonio y elección de dirigencias mediante voto personal, libre, directo y secreto, con padrones verificados y boletas foliadas. También ordena que las directivas respeten representación proporcional de género y que los periodos de reelección sean avalados por la asamblea sin duración indefinida.

La Secretaría de Trabajo verificaría elecciones y consultas internas, expediría constancias de representatividad y registraría las condiciones generales de trabajo. El Tribunal mantendría la facultad de desconocer directivas o cancelar registros previo juicio, dando vista a la Secretaría para ejecutar las resoluciones.

Sobre las condiciones generales de trabajo, la iniciativa establece que sólo tendrán validez si cuentan con apoyo mayoritario mediante voto personal, libre y secreto. Solo el sindicato con constancia de representatividad podrá negociar su contenido. El procedimiento para obtenerla exige el respaldo de al menos 30 por ciento de los trabajadores y, en caso de competencia, una votación organizada por la Secretaría con urnas transparentes, mamparas y actas de escrutinio.



El documento también establece prohibiciones como simular consultas, ejercer violencia, discriminar, cometer acoso u hostigamiento sexual, participar en esquemas de evasión de contribuciones o recibir dádivas ajenas a las condiciones generales de trabajo.