Instituciones del campo, con irregularidades en cuenta pública; no cumplieron metas

El diputado perredista Mario Carrillo Huerta reveló que instituciones relacionadas al campo tuvieron irregularidades en los Resultados de la Fiscalización de las Cuenta Pública presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

No cumplieron con sus metas ni entregaron recursos, eso, sumado a otros factores, a su vez se tradujo en insuficiente producción, déficit en balanza comercial, faltante de alimentos y mayor carencia alimentaria para millones de personas, principalmente en el sector rural.

El presidente de la Comisión Especial para la Promoción del Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados puntualizó que es del interés de la generalidad de los mexicanos el que esta situación se revierta ya, pues de alguna manera afecta a todos en cuanto a disponibilidad y precio de productos agropecuarios.



Reconoció la dificultad para la búsqueda de soluciones en un sector sujeto a factores tan diversos y superiores a la capacidad de los gobernantes –como el clima, las lluvias y el tamaño de la propiedad en cada zona–, pero aclaró que eso no significa que el Gobierno no deba tener programas bien armados, enfocados, operados y proyectados en sus impactos.

El problema –dijo– es que a pesar de la diversidad de factores incidentes en la producción agropecuaria, el gobierno insiste en aplicar las mismas políticas para todas las zonas y productores del país y, lo más grave aún, en no evaluar sus resultados para decidir si debe mantenerlas o cambiarlas.

PROCAMPO, por ejemplo, se aplica con los mismos criterios de productividad para un agricultor de una hectárea que a un agroindustrial con mil hectáreas, pero evidentemente no dará el mismo resultado la hectárea de uno que una hectárea del otro, aunque estuvieran en la misma zona, por lo cual al agroindustrial se le dará más apoyo y se le propiciarán más ganancias, mientras al otro se le escatimará y continuará en la pobreza.



Es el mismo error de tratar igual a los desiguales que, por ejemplo, cometió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al imponer de forma generalizada en la frontera norte, en tiempos de Francisco Gil Díaz, el Impuesto Sobre los Activos de las empresas y, en los de Luis Videgaray Caso, el aumento al Impuesto al Valor Agregado en las fronteras.

En el primer caso, se contribuyó a que al menos 600 empresas maquiladoras extranjeras se fueran del país y ello provocó desempleo de al menos 300 mil obreros mexicanos, mientras en el segundo continúan los impactos negativos en la economía fronteriza.

“Si no se evalúan y prevén los impactos de los programas y acciones, entonces no sabremos si son los correctos, los adecuados, los mejores posibles y entonces, si no lo son –como no lo sabemos- los vamos a seguir apoyando y promoviendo, aunque no sean los buenos”, señaló el congresista.



La falta de evaluación da lugar a que muchos programas no tengan siquiera identificada a su población objetivo o los problemas que intentan resolver, ni los mecanismos que se utilizarán para ello, y eso genera duda sobre si el manejo de los recursos es negligente o incorrecto, aunque no lo fuera así, puntualizó Carrillo Huerta.

“Deberíamos, como primera etapa, evaluar los programas de apoyo, no para quitárselos a quienes están fuera de las posibilidades de progreso porque el mercado no los atiende, sino atenderlos porque es en el mejor beneficio de ellos y del resto de la población que se haga a través de los mecanismos adecuados. Por lo menos, eso es lo que debe hacer el gobernante”, señaló.

Se pronunció por la creación de una oficina o institución abocada a esta evaluación porque, si bien implicará un gasto, éste será insignificante comparado con el beneficio que daría para canalizar correctamente los recursos nacionales.



El también promotor del foro “Alimentación, Bienestar y Desarrollo Regional” –previsto para realizarse el 18 de junio próximo con participación de diversos titulares de Secretarías de Gobierno, funcionarios federales, especialistas y académicos– consideró este encuentro como una oportunidad para la búsqueda de soluciones a un problema que, décadas después, ya no debería serlo.

“Este foro no es para fastidiar a nadie ni para que algún legislador se quiera pasar de listo y quiera imponer su voluntad, porque eso no tiene sentido, sino para buscar soluciones. Éste es el tema y nosotros, en nuestra calidad de representantes populares –y varios, como investigadores de profesión– buscamos contribuir a ello”, concluyó.