Insultante y violatoria, resolución que señala que la Desaparición Forzada no es delito grave

Las últimas resoluciones dictadas por miembros del Poder Judicial de la Federación, que señalan que el delito de Desaparición Forzada de personas no es considerado grave, fueron rechazadas por el Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba y por la Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz.

En su opinión, dichas resoluciones minimizan la gravedad del delito, además de que han sido dictadas para proteger al exfiscal Luis Ángel “N”, quien se encuentra vinculado a proceso por el delito de Desaparición Forzada de Personas.

Detallaron que éstas fueron emitidas por el juez decimoquinto de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz, Jorge Holder Gómez, y los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Alejandro Gómez Sánchez, José Alfonso Montalvo Martínez y Mario Ariel Acevedo Cedillo; lo que demuestra una profunda indiferencia y desconocimiento de las obligaciones constitucionales.



Aseveraron que también desconocen los criterios de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de la obligación que tienen los jueces de aplicar los derechos humanos y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Rosendo Radilla, que establecen claramente que la desaparición forzada de personas es un delito extremadamente grave y que en circunstancias específicas puede ser catalogada como un crimen de lesa humanidad.

Apuntaron que en un país con más de 37 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, en donde una gran parte ha sido responsabilidad de servidores públicos del Estado, resulta insultante y sumamente insensible el hecho de que jueces federales minimicen este delito, ignorando la situación de incertidumbre y zozobra que viven los familiares de los desaparecidos, quienes han luchado por el reconocimiento de esta problemática a nivel nacional y por la implementación de políticas de Estado para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Criticaron que esto constituye un enorme retroceso, además de que resultan violatorios de tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.



En el contexto de desapariciones generalizadas en el país, dijeron que es necesario que las fiscalías soliciten y sustenten; en tanto que los jueces valoren, en todos los casos, la necesidad de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, en razón de la situación de riesgo de sustracción de la justicia de los imputados, el riesgo para la seguridad de las víctimas y/o testigos y el riesgo para la integridad del procedimiento en general.

Los familiares de personas desaparecidas hicieron un llamado a las fiscalías y al Poder Judicial de la Federación para que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, garanticen la seguridad de víctimas y testigos, prevengan la sustracción de la justicia de las personas imputadas, mediante la solicitud sustentada y el otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva.