Intereses políticos impiden la transición sindical en el ingenio San Cristóbal

Los intereses políticos y económicos impiden la transición sindical en el ingenio San Cristóbal, lo que puede desencadenar un serio problema laboral y social, acusó el secretario general electo del Sindicato, Mario Hernández, quien desde hace 14 meses no ha podido asumir la representación sindical.

Entrevistado en el Palacio Legislativo, manifestó que Gabriel Silva Ortega se niega a reconocer su derrota y con el apoyo de funcionarios de la Secretaría del Trabajo Federal no se ha entregado la toma de nota del nuevo Comité Sindical.

Mario Hernández solicitó la intervención de la diputada Yazmín de Los Ángeles Copete Zapot,integrante de la Comisión Especial para la Atención de la Industria Azucarera, Alcoholera y Derivados del Congreso del Estado.

Dijo que en diciembre del 2015 hubo elecciones y los trabajadores de la factoría decidieron cambiar su representación sindical, por lo que se le dio el voto de confianza.

Sin embargo, acusó que ya ha transcurrido un año y dos meses y es el momento en que no se le ha otorgado la toma de nota, por lo que responsabilizó a Lucio Galileo Lastra, funcionario de la Secretaría del Trabajo federal, que en contubernio con representantes de la empresa “Industrial Azucarera San Cristóbal, S.A de C.V”, se niega a reconocer al nuevo Comité sindical.

Añadió que el Comité que preside Gabriel Silva se niega a perder el control ante el temor de que se auditen las finanzas del ingenio, donde se advierte un desvió de recursos superior a los 60 millones de pesos.

Calificó de grave el conflicto intergremial pues expuso que a la fecha 40 personas han sido víctimas de represalias, de las cuales, a 27 le suspendieron el salario y nueve están suspendidos.

Los sancionados, agregó, no comulgan con la corrupción que impera en el ingenio y ante los actos represores se pone en riesgo la estabilidad social en los 14 municipios cuya economía depende de la factoría.

Mario Hernández aseveró que el 24 de enero del 2016 el Tribunal Colegiado instruyó que se le otorgara la toma y la autoridad laboral acató la resolución.

Sin embargo, enfatizó que una semana después se dio una toma de nota a favor de Gabriel Silva Ortega, con el argumento de que el 20 de enero se lanzó una convocatoria, y el 30 de enero se celebró una asamblea, en donde dice la autoridad laboral, obtuvieron más de las dos terceras partes de votos.

Por lo que calificó de falsa esa versión ya que no se ha celebrado ninguna asambleas y mucho menos elecciones.

Añadió que pidió a la diputada Copete Zapot su intervención y la legisladora los llevó con el secretario general de Gobierno, Rogelio Franco Castán, quien se comprometió a buscar solución a través del área jurídica de la dependencia.