Investigan a 303 servidores y exservidores públicos por observaciones en Cuenta Pública 2014

El director general de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Óscar Ocampo Acosta, reveló que 303 servidores y exservidores públicos están sujetos a procedimiento por las observaciones generadas en la Cuenta Pública de 2014, mismas que ascienden a un presunto daño patrimonial de 163 millones 990 mil 376.23 pesos.

Explicó que la semana pasada el ORFIS ya comenzó con la notificación a los involucrados, una vez que salió publicado el decreto 858 a través del cual el Congreso los instruye a iniciar la segunda fase del proceso de fiscalización superior, avisos que concluirán el 26 de febrero.

“Son en promedio 303 servidores y exservidores públicos que vamos a sujetar a procedimiento, (…), estamos hablando de 51 entes fiscalizables relacionados en un presunto daño patrimonial, 46 son entes municipales y 5 son entes estatales.



“Van incluidos ahí los 303 servidores y exservidores públicos y al día de hoy tenemos notificados ya 280 servidores y exservidores públicos de los 303”, refirió el Director general.

Advirtió que el ORFIS tiene un calendario de actividades en cuanto a dicha Cuenta Pública, el cual debe concluir el 15 de julio.

“Todos los procedimientos que se deriven de los recursos de reconsideración, una vez concluidos todos los procedimientos, estaríamos en posibilidad de formular aquellas denuncias penales de los entes fiscalizables que no hayan acreditado o solventado las observaciones de daño patrimonial”, agregó.



Al participar en el programa “De Acceso Público” que el ORFIS transmite en su página de Internet, dijo que en términos del artículo 14 y 16 constitucional, dichos funcionarios y exfuncionarios actualmente tienen derecho a una audiencia de pruebas y alegatos.

“En este sentido, una vez notificados ellos deben mediar un plazo no menor de 10 días ni mayor a 15 días para la celebración de esta audiencia”, detalló Ocampo Acosta.

Mencionó que cuentan con un calendario de audiencias, el cual plantea que entre el día 8 al 18 de marzo deberán de concluir las 51 audiencias con la comparecencia de los 303 servidores públicos y exservidores públicos notificados.



“En ese sentido nosotros tenemos un término de 30 días para hacer el análisis de todo este material probatorio, revisar sus argumentos y emitir la resolución correspondiente”, indicó.

De esta manera a los servidores y exservidores públicos en los que se les determine nuevamente la existencia de daño patrimonial se les fincará el resarcimiento del daño y una sanción económica, aunque estarán en condiciones de interponer un medio de impugnación que es el recurso de reconsideración ante el ORFIS, o bien optar por el juicio de nulidad.

“Tienen esas dos vías para combatir la resolución que se determine, para efecto del recurso de reconsideración ellos cuentan con un término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación y si optan por el juicio de nulidad ahí sí el término es de 15 días hábiles a partir de la fecha de notificación de la solución respectiva”, señaló el Director.