Involucran a la Procuraduría del Medio Ambiente en promoción de contratos

A quien corresponda en alcalorpolitico.com:

A 40 días de que entren en funciones los nuevos ayuntamientos, en la zona norte y centro de Veracruz comenzaron a circular versiones que generan preocupación entre alcaldes electos y personal de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), debido a que el alcalde electo de San Rafael, Gil Armando Méndez, habría iniciado acercamiento con otros presidentes municipales electos asegurando que mantiene “tratos directos” con el actual procurador del Medio Ambiente, Ángel Carrizales López.

Relatan quienes han presenciado estos encuentros, que Méndez afirmó que ya promovió sus empresas privadas ante el Procurador con el objetivo de ser consideradas para dragado de lagunas —entre ellas el Estero de San Rafael — y para la extracción de piedra de río. Esta situación habría generado inquietud entre varios alcaldes electos, quienes temen que estas afirmaciones comprometan al titular de la PMA o deriven en un conflicto similar al que enfrentó el ex procurador Sergio Rodríguez Cortés, señalado en el pasado por presuntos actos de corrupción en materia ambiental.



Las versiones apuntan a que, en algunos municipios, operadores políticos cercanos a nuevas autoridades municipales estarían intentando ofrecer “servicios” de dragado en ríos, arroyos y esteros, presuntamente respaldados por personal interno de la PMA, incluyendo arrendamiento de maquinaria del alcalde electo y empresas supuestamente recomendadas para ejecutar estas obras.

Los dragados suelen ser contratos de alto costo y manejo discrecional, históricamente señalados como foco de corrupción en gobiernos pasados. Ello conduce a comparaciones con el periodo de Sergio Rodríguez, pues durante su gestión fue acusado de convertir la procuraduría en un espacio para “negociar” trabajos y permisos ambientales.

El actual titular de la PMA deberá poner especial atención debido a que este tipo de versiones podrían escalar rápidamente y poner en riesgo el esfuerzo de la gobernadora Rocío Nahle García, quien ha insistido en erradicar los “acuerdos en lo oscurito” entre funcionarios estatales y municipales.



En meses anteriores, el procurador Ángel Carrizales enfrentó críticas por presuntos despidos injustificados a su llegada a la dependencia, lo que ocasionó molestia interna y un ambiente de tensión. Ahora, con estos posibles acuerdos irregulares en puerta, el tema podría convertirse en un nuevo foco de polémica.

Ante la posibilidad de que estos señalamientos desemboquen en un escándalo, alcaldes electos y personal de la PMA esperan la intervención institucional inmediata para deslindar responsabilidades, aclarar las versiones y evitar que grupos externos utilicen la procuraduría como plataforma para negocios particulares.

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