IPE no es sostenible, enfrenta déficit de casi 4 mil millones de pesos al año: Nahle

El Gobierno de Veracruz busca una alternativa para que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) pueda sostener por sí mismo el pago de las jubilaciones, ante un déficit que actualmente ronda los 4 mil millones de pesos cada año.

La gobernadora Rocío Nahle García informó que solicitó al secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, revisar las opciones que permitan modificar la situación financiera del organismo, aunque dejó claro que cualquier medida deberá mantener garantizado el pago a los pensionados. “No podemos dejar a los pensionados a la deriva, pero le pedí a Miguel que viera qué mecanismo pudiéramos hacer para que el IPE sea sostenible”, afirmó.

De acuerdo con la mandataria, el problema financiero deriva de que los ingresos propios del instituto no alcanzan para cubrir sus obligaciones, por lo que el Gobierno estatal debe realizar aportaciones adicionales. “Trae un déficit de casi 4 mil millones de pesos al año. Debería ser sostenible y sustentable, pero no es”, reconoció.

Nahle García señaló que el respaldo financiero al IPE no es nuevo. Explicó que durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez se decidió canalizar de manera íntegra un fondo federal al organismo, pese a que originalmente esos recursos podían destinarse a otros rubros. “Hay un fondo federal que debería usarse para otras cosas, pero Cuitláhuac dijo: ‘Tengo que apoyar al IPE’, y ese fondo se va íntegro para apoyar al IPE”, expuso.

Ahora, la administración estatal busca determinar si existe un mecanismo que pueda reducir la dependencia de recursos adicionales y avanzar hacia un esquema que permita al Instituto de Pensiones mantener sus obligaciones de manera sostenible. “Le pedí a Miguel Reyes que analizara cómo le vamos a hacer, porque el IPE debe ser autosustentable y autosostenible”, sostuvo la Gobernadora.

Mientras tanto, trabajadores que están próximos a jubilarse mantienen inconformidades por la forma en que se determina el monto de sus pensiones mediante el denominado salario regulador o ponderado. Este cálculo considera el promedio ponderado de los salarios de cotización de los últimos 10 años, en lugar de tomar como referencia únicamente el último sueldo que recibió el trabajador.

Organizaciones sindicales han señalado que este mecanismo puede afectar particularmente a quienes tuvieron incrementos salariales o recategorizaciones durante los últimos años de su vida laboral. Representantes de 62 organizaciones sindicales han denunciado que las diferencias entre el último salario base y el monto considerado para calcular la pensión pueden llegar, según sus estimaciones, hasta 40 por ciento.

Las organizaciones también han advertido que algunos trabajadores han optado por retrasar o suspender sus trámites de jubilación debido a los montos que les son determinados bajo este esquema. Entre las alternativas planteadas por los sindicatos se encuentra revisar la aplicación del salario regulador para evitar que opere de manera generalizada y considerar como casos específicos aquellas situaciones en las que existieron recategorizaciones durante los últimos años de servicio.