Jessica Fernández acusa anomalías en juicio por custodia de su hijo de 6 años con TEA

Jessica Fernández, madre de un niño de 6 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 2, acusó irregularidades en el juicio familiar que mantiene desde 2024 por la guarda y custodia de su hijo, así como diligencias ordenadas para entregarlo a su padre mediante el uso de fuerza pública.

El proceso se tramita en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Justicia de lo Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, a cargo de la jueza Larissa Lizeth Lara Enríquez.

Fernández sostuvo que las autoridades judiciales han actuado sin personal capacitado para atender la condición neurológica del menor, quien, según dijo, es no verbal y requiere acompañamiento constante en sus actividades cotidianas. “Yo lo único que le estoy pidiendo a la jueza es que sea un juicio justo”, afirmó.

De acuerdo con la madre, el conflicto inició tras un convenio familiar con Isaac “N”, padre del menor, en el que se establecieron convivencias y el pago de una pensión alimenticia. En ese acuerdo, dijo, ella conservaba la guarda y custodia, mientras el padre mantenía un régimen de visitas.

“Nosotros empezamos un juicio en el 2024. Lo iniciamos porque hicimos un convenio donde ninguno de los 2 se había afectado. Él convivía con el niño y yo tenía la patria potestad y la guarda y custodia”, relató.

La mujer aseguró que el padre dejó de cubrir la pensión acordada, por lo que su defensa pidió que el pago fuera descontado vía nómina. Fue entonces, expuso, que a partir de esa modificación la relación entre las partes cambió y el padre comenzó a faltar a las convivencias programadas en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM).

“El señor no iba a las convivencias. Yo nada más iba, presentaba al niño, firmábamos, pero no se quedaba porque el papá nunca llegaba. Luego llegaba una o 2 convivencias antes de que se cumplieran los 3 meses para no perder ese derecho”, dijo.

Acusa irregularidades

Según su versión, las autoridades judiciales argumentaron incumplimientos en el régimen de convivencia para modificar la guarda y custodia. Fernández atribuyó esa situación a omisiones de su primer abogado, a quien acusó de recibir notificaciones del juzgado sin informarle sobre los cambios en el expediente. “Todas las notificaciones en el expediente las firma mi abogado, no las firmé yo, donde él se notifica de los cambios que me hicieron y nunca me avisó”, señaló.

La madre narró que en noviembre de 2024 recibió una llamada en la que le advirtieron que no llegara a su domicilio, porque se había ordenado el cambio de guarda y custodia y el menor sería retirado con apoyo de policías.

“Me dijo que no llegara a mi domicilio porque me habían hecho un cambio de guardia y custodia y que me iban a quitar al menor, con fuerza pública, y que era una llamada de buena fe para que yo no llegara”, expuso.

Fernández aseguró que no acudió al inmueble y que, mediante cámaras instaladas en el departamento, observó la llegada de personal del juzgado y elementos policiacos.

“Como tengo cámaras en el departamento vi que sí llegaron la policía, llegó Juzgado, llegó medio mundo, pero como yo no llegué a la casa, nada más entraron, pero no se llevaron al niño”, indicó.

Agredieron a su hijo, afirma

Después de ese episodio, dijo, acudió al Juzgado y cambió de defensa. Posteriormente, se ordenó una nueva diligencia para el 9 de abril, cuando ella sí se encontraba en la vivienda con su hijo.

De acuerdo con Fernández, personal judicial y elementos policiacos ingresaron al domicilio sin mostrarle una orden y rompieron cerraduras para entrar.

“Llegó la policía, pero llevaban como una orden de cateo, una orden que nunca me enseñaron ni me dejaron ver. Entraron al domicilio porque rompieron las chapas, rompieron las puertas y entraron a la fuerza”, acusó.

La mujer sostuvo que durante esa diligencia el menor fue jaloneado por personal del Juzgado pese a que por su diagnóstico debía intervenir personal especializado, como psicólogos o representantes del DIF. “Jalonearon al niño. Tengo el video donde se supone que ellos no pueden tocar al menor, que eso lo tiene que hacer el psicólogo o, en este caso, el DIF”, dijo.

Fernández afirmó que personal del DIF no acudió a la diligencia, aunque su presencia era necesaria para ejecutarla. “Ni el DIF llegaron al punto de encuentro. En teoría, cuando falta una persona que la autoridad señala que tiene que estar ahí y no está, no se puede llevar a cabo la diligencia, pero ellos hicieron efectivo el apercibimiento”, señaló.

La madre dijo que su hijo se aferró a ella y que, debido a ello, no pudo ser retirado del domicilio. “Mi hijo se prensó a mí como pudo. y como no podían jalarlo no pudieron quitármelo. Ese día logré escaparme con el niño”, narró.

También acusó que su actual esposo fue sometido y golpeado durante la diligencia, mientras que ella fue colocada en el piso. Añadió que el niño presentó lesiones tras los jaloneos.

Presentó denuncia

Fernández señaló que después acudió a Xalapa para presentar una denuncia contra una funcionaria judicial que, según su versión, ordenó el apercibimiento. Dijo que el procedimiento avanzó y que la servidora pública fue removida del Juzgado; sin embargo, durante la entrevista no aportó documentación para acreditar ese señalamiento.

La madre también denunció que en el expediente familiar fueron desechados dictámenes de Psicología e informes periciales emitidos por el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Veracruz y por especialistas particulares. Según dijo, esos documentos acreditaban la condición del menor y advertían sobre los riesgos de modificar su entorno sin una valoración previa.

Fernández añadió que pidió al Juzgado valorar las condiciones en las que vive el niño y el impacto que tendría un cambio de guarda y custodia. No obstante, dijo que la respuesta fue que el órgano jurisdiccional no contaba con personal capacitado para atender a un menor con autismo.

“Pedimos al juzgado que nos diera una oportunidad de valorar que las condiciones en las que Renato vive son óptimas y que no iba a haber ningún agravio. Nos dijeron que sí, pero que ellos no contaban con el personal para atender a un niño autista”, relató.

Pide ayuda

La entrevistada dijo que envió escritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en los que expuso los actos que atribuye al Juzgado y a la contraparte.

Además del proceso judicial, Fernández dijo vivir con temor debido a que, según su versión, ella y su familia han sido ubicados en eventos privados con presencia policial. “Han llegado con policías a eventos de familia. Acabo de tener a mi bebé y el día de mi baby shower llegaron con policías queriendo entrar a la fuerza para llevarse a mi otro hijo”, acusó.

La madre afirmó que existen órdenes de visitas a domicilios para ubicar al niño y restituirlo al padre, así como operativos en zonas por donde ella transita. Fernández aseguró que esa situación ha provocado que el menor permanezca en casa y que no asista a la escuela, al Seguro Social ni a sus terapias, por temor a que sea retenido.

“Rena no puede ir a la escuela porque en la escuela tiene apercibimiento de que si va ya no me lo van a dar. No puede ir al Seguro Social porque también ya está advertido de que, si lo llevo, me lo tienen que retener. No puedo ir a terapias porque también está apercibido”, dijo.

La madre pidió que el caso sea revisado con enfoque en el interés superior del menor, su diagnóstico y la necesidad de que cualquier diligencia relacionada con su guarda y custodia sea realizada por personal capacitado.

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