Jubilados denuncian funcionamiento de un despacho jurídico en Delegación del ISSSTE

Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) advierten de un presunto contubernio entre el Departamento de Pensiones de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal del ISSSTE en Veracruz con despachos jurídicos.

Los inconformes denuncian el calvario que tienen que padecer las personas jubiladas, pensionadas, adultos mayores, viudas, concubinas y demás derechohabientes que acuden a solicitar el reconocimiento, otorgamiento o pago de prestaciones.

Acusan que las solicitudes presentan retrasos prolongados, hay respuestas ambiguas y poco claras, se presentan obstáculos para concluir trámites y sobre todo, exigencias económicas para acelerar la gestión de prestaciones y/o dar contestación a los oficios de petición.

En el Departamento de Estancias ubicado en el segundo nivel del edifico, existe una oficina “muy oculta” en donde hay personas que se identifican verbalmente como representantes de despachos jurídicos y que ofrecen servicios de asesoría y acompañamiento legal.

Exponen que el área de Pensiones debe ser un espacio de atención, orientación y resolución de trámites relacionados con derechos de seguridad social.

“Sin embargo, los señalamientos que motivan esta denuncia describen una realidad distinta: personas que acuden repetidamente a las oficinas sin obtener respuestas claras, trámites que permanecen sin resolución durante meses o incluso más de un año y requerimientos que obligan a los interesados a regresar una y otra vez sin conocer con certeza qué falta para concluir su procedimiento”.

Esa situación resulta especialmente preocupante cuando quienes realizan estas gestiones son personas adultas mayores o familiares que dependen económicamente de una pensión del servicio médico, de una indemnización global o del reconocimiento de derechos derivados del fallecimiento de un trabajador o pensionado, para estas personas, cada demora representa incertidumbre económica, gastos de transporte, pérdida de tiempo, necesidad de conseguir asesoría y, en muchos casos, la obligación de acudir a instancias judiciales para obtener una respuesta que debería emitirse conforme a la normativa aplicable.

Esas prácticas representan abusos en contra de los pensionados, “y ante ello, como usuarios quedan 2 opciones, o pagas moches a los empleados o firmas con esos despachos para que los trámites se puedan acelerar. El derecho de petición no debe estar condicionado a pagar moches por recibir información en tiempo o a firmar con los despachos con los que están confabulados para destrabar los procesos iniciados”, señalan.

Solicitan la intervención de la Dirección General del ISSSTE y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que investiguen los señalamientos sobre posibles arreglos entre personal del área de Pensiones y abogados particulares que intervienen en procedimientos de derechohabientes, la autoridad deberá determinar si existieron acuerdos irregulares, conflictos de interés, intermediaciones indebidas o beneficios económicos relacionados con la atención o resolución de expedientes, no se cuestiona el derecho de los particulares a contratar abogados ni el ejercicio legítimo de la profesión jurídica.

“Ya basta que los derechohabientes paguen las consecuencias de una atención deficiente o de posibles actos de corrupción. Queremos un servicio público honesto, transparente y humano, donde los derechos se reconozcan conforme a la Ley y donde nadie tenga que entregar dinero para recibir la atención que institucionalmente le corresponde, en donde nadie nos condicione a elegir abogados; el ISSSTE no debe ser un bufete condicionado para elegir a los abogados de adentro o dar dinero para que me contesten oficio de petición a cambio de dinero”, concluyeron.