Jubilados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la aprobación de la reforma contra las llamadas “pensiones doradas”, pues afirman que aplicar la retroactividad es anticonstitucional.
La reforma contempla topar las pensiones de exservidores públicos al 50 por ciento de lo que gana el titular del Ejecutivo federal. Al respecto, el jubilado de PEMEX, Jaime Hernández, indicó que se ha generalizado para todos los jubilados que tienen “pensiones doradas”, cuando son casos excepcionales.
“Esto es algo que va más allá de la simple afectación a los jubilados con un eslogan llamado ‘jubilaciones doradas’, un concepto que se utilizó de origen para calificar a casos excepcionales y generalizarlos a más de 14 mil empleados de confianza. No son ‘pensiones doradas’. Hoy necesitamos que nos demuestren que no van a ser pensiones huachicoleadas. Hoy necesitamos que nos diga el Estado de Derecho que no se trata del pago de un derecho de piso por haber trabajado más de 30 a 40 años al servicio del Estado, se trata del respeto al servicio jurídico”, dijo.
En rueda de prensa, el grupo conjunto advirtió que aún no se han discutido las reglas secundarias en donde se establece la aplicación y ya se están haciendo los descuentos de pensiones a trabajadores de PEMEX. Además, reclaman que están topando jubilaciones excluyendo a las Fuerzas Armadas y a la SCJN. “En PEMEX están aplicando el descuento sin que se haga un análisis o un comunicado de cómo se va a aplicar. A los jubilados de PEMEX ya se les está aplicando y no sabemos ni cómo. Queremos saber cómo se calculó ese tope”, agregó el jubilado de la CFE, José Vazza Vázquez.
Los inconformes advierten que aplicar la retroactividad violenta el artículo 14 constitucional, que plantea que ninguna Ley puede ser interpretada, escrita o aplicada a cualquier persona de forma retroactiva. Insisten en que ellos trabajaron por hasta 40 años para obtener la pensión bajo los esquemas que fueron contratados. “Esto no nos da certeza jurídica, tanto a nosotros como a la población, porque si una Ley se puede aplicar retroactivamente, qué va a pasar con la propiedad privada, qué va a pasar con los ahorros, qué va a pasar con el derecho humano que tenemos los trabajadores”, señaló Vazza Vázquez. El 1° de mayo harán una movilización en la Ciudad de México.