El Poder Judicial estatal ha sancionado a varios jueces y otros funcionarios con inhabilitaciones, y algunos servidores públicos están tratando de evitarlas a través de amparos ante la justicia federal.
Uno de ellos es el caso de la juez de control, Ludivina García Rosas, quien fue suspendida por 15 días por resolución del pleno del Consejo de la Judicatura el 23 de junio de 2022.
A la autoridad jurisdiccional se le aplicó el procedimiento administrativo sancionador 113/2021-I, por el cual se resolvió suspenderla del cargo de Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, y se le dio vista a la Contraloría Interna y Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Sin embargo, la juez de control promovió un amparo ante la justicia federal y obtuvo la suspensión definitiva en contra de la inhabilitación impuesta por el Consejo de la Judicatura mientras el juicio continúa.
Cruzada contra la corrupción
En entrevista reciente, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que se sancionarán actos indebidos de servidores públicos en caso de haber elementos probatorios.
A finales de febrero el Poder Judicial informó el cese de un juez en Coatzacoalcos por presuntas “infracciones a los principios que rigen la función jurisdiccional”.
El Poder Autónomo subrayó que cualquier acto contrario a la norma no será tolerado “y se indagará con firmeza cualquier asomo de corrupción”.
Por su parte, Jiménez Aguirre dijo que la Judicatura impuso sanciones a dos jueces y otros funcionarios menores como secretarios de estudio y cuenta, secretarios de acuerdo y oficiales, únicamente por faltas administrativas.
“Al menos en lo que va del año se han notificado dos resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores para dos jueces y hay otros que se están sustanciando desde el Consejo de la Judicatura”, detalló.