Jueces de Veracruz no son “brazo ejecutor” del Gobierno: Poder Judicial

En Veracruz es precisa la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y este último no es un brazo ejecutor del gobierno, aseguró la magistrada presidenta Lisbeth Jiménez Aguirre.

Aclaró que no actúan a diestra y siniestra, por capricho o por objetivo político, defendiendo además que es necesaria la prisión preventiva oficiosa, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“No podemos hablar que somos un brazo ejecutor de otro poder, porque trabajamos conforme a derecho de acuerdo a la ley, entonces, si se gira una orden de aprehensión, si se dicta una vinculación a proceso, es porque hay un hecho que la ley señala como delito y hay la probabilidad de que una persona lo cometa, sustentado”, expuso durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.



Al definir que el poder que representa actúa con total sustento en la ley, con datos de prueba y su actuar está sujeto a revisión por las autoridades federales, dijo que cualquier persona ya sea imputada, víctima, o quien se vea inmerso en un proceso penal, cuenta con el recurso de acudir a la vía de amparo si estima que no se resolvió conforme a derecho.

“Entonces no podríamos hablar que somos un brazo ejecutor porque eso implicaría que actuáramos a diestra y siniestra y eso no ocurre, cualquier acción que sale del Poder Judicial, insisto, orden de aprehensión, auto de vinculación a proceso y a sentencia, tiene un sustento jurídico, no es a capricho o por un mero objetivo político”, aseguró.

El compromiso desde la institución, dijo, es impartir una justicia pronta, expedita, pero sobre todo cercana a la ciudadanía.



“Yo los invito a que, si tienen alguna queja, alguna circunstancia que les inquiete en relación a los servicios que brinda la institución, que se acerquen, porque esta presidencia está abierta a recibir observaciones y críticas, todo con la finalidad y el afán de mejorar”, dejó en claro.

A poco más de un mes de rendir protesta para asumir el cargo, Lisbeth Jiménez aseguró que, en temas de desaparición forzada, secuestro y feminicidio, trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de manera organizada y puntual. “Se trabaja de manera coordinada y no subordinada”.

“Quiero hacer mucho hincapié en esto, porque nosotros tenemos nuestras propias acciones, somos un poder autónomo, pero tenemos que estar muy atentos también a la Fiscalía, porque ellos son quienes integran las carpetas, quienes solicitan las órdenes de aprehensión, las ejecutan; entonces nosotros de manera coordinada también tenemos que atender casos en particular y específicos que se constituyen, nosotros les llamamos objetivos.



“Son personas que están dañando de manera continua como bandas de secuestradores, de inmigrantes, feminicidas, entonces tenemos que estar muy atentos para dar seguimiento a estos temas que redundan en perjuicio de la ciudadanía”, acotó.

Sobre la prisión preventiva oficiosa, recurso que, en septiembre de 2022, fue discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerarlo contrario al respeto de los derechos humanos, Jiménez Aguirre, definió que es necesaria, ya que hay delitos que impactan gravemente a la sociedad, como los feminicidios, secuestro y desaparición forzada.

“Es necesaria la prisión preventiva oficiosa para estos casos en particular que entrañan un grave agravio para la sociedad”, expreso la Magistrada Presidenta al referir que mientras no haya una modificación a la ley, está dispuesto en la constitución y se seguirá aplicando en la entidad veracruzana.



Durante la entrevista, a la presidenta del Poder Judicial se le cuestionó al respecto de este recurso, dado que la mayoría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han manifestado su inconvencionalidad.

En este sentido, Lisbeth Jiménez conminó a la población a informarse sobre los alcances de la prisión preventiva oficiosa, puesto que también tiene límites, no es indefinida y para su imposición se establecen ciertas hipótesis.

“No es una cuestión que sea amplia, sino que está perfectamente regulada en la ley (…), nosotros como Poder Judicial del estado de Veracruz, nuestro actuar es conforme a derecho, lo que marcan los códigos, la constitución, etcétera, entonces nosotros única y exclusivamente aplicamos la ley”, finalizó.



Cabe señalar que la prisión preventiva oficiosa es el recurso legal con el que se encarcela a las personas que cometieron delitos graves, sin un juicio y sin sentencia; esta no podrá ser superior a dos años, al menos que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Sin embargo, si al concluir el plazo no ha sido sentenciado, el acusado deberá seguir su proceso en libertad, sin que ello impida imponer otras medidas cautelares.