Jueces en Veracruz no son independientes; operan por instrucciones: ONU

La Relatora Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, hizo pública este lunes, la comunicación oficial que envió al Gobierno de México en la que señala que los actos en contra de la jueza Angélica Sánchez podrían constituir violaciones al derecho internacional atribuibles a funcionarios del Estado de Veracruz.

Incluso, señala que su primera detención podría ser constitutiva del delito de desaparición forzada de personas.

Al respecto, la Relatora Especial señala contar con información que indicaría que las acciones judiciales en contra de la togada serían una represalia en contra de su actividad jurisdiccional, en particular, del cumplimiento de una sentencia de amparo dictada por un juez federal.

La comunicación exhibe que, de acuerdo con la información recibida, los jueces de control en Veracruz no cuentan con independencia para resolver los casos, pues resalta que:

“Los Jueces en Veracruz, tendrían la instrucción de notificar a sus superiores cuando van a resolver algún asunto que se considera relevante, además, cuando son asuntos de relevancia, recibirían llamadas o mensajes desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia donde se instruiría el sentido en que deben resolver”.

Es decir, el documento señala que los jueces de Veracruz no resuelven con base en las carpetas de investigación; sino en las instrucciones dictadas por la Presidenta del Poder Judicial Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Asimismo, el informe da cuenta de la supuesta amenaza recibida por la Jueza Angélica Sánchez con motivo de su resolución, ya que, según el escrito, la Presidenta del Poder Judicial le habría dicho que se atuviera a las consecuencias.

Igualmente, lo publicado por la ONU establece que el día 5 de junio del año en curso, la Jueza Angélica Sánchez habría sido citada por un funcionario del Poder Judicial-el secretario del Consejo de la Judicatura, Víctor Pliego López- sin embargo, cuando se dirigía a la reunión fue interceptada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con los hechos descritos, a la jueza se le habría sembrado droga y se le habría hecho disparar un arma de fuego, además de obligarla a firmar hojas en blanco. La Relatora Especial señala que la información recibida “describiría un patrón de represalias en contra de la Jueza Sánchez por el contenido de una decisión.

En particular, me preocupa que haya sido detenida sin orden de detención y que dicha detención podría constituir una desaparición forzada de corta duración”.

La comunicación también da cuenta de la posterior detención de la Jueza Sánchez, ocurrida en la Ciudad de México el 16 de junio de 2023, a pesar de contar con una orden de un juez federal que impedía su detención.

Asimismo, resalta que durante la audiencia inicial, el Juez de Control a cargo del proceso, de manera irregular, impidió que la audiencia fuera pública; que prohibió que la defensa de la juzgadora corriera a cargo del Instituto de la Defensoría Pública Federal, quienes contaban con autorización extraordinaria para actuar en el proceso; así como que haya rechazado la presencia de oficiales del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la audiencia en la que se decidiría la vinculación a proceso de la Jueza Angélica Hernández.

La funcionaria de la ONU refiere ver “con suma preocupación las faltas al debido proceso descritas en el caso que sigue la fiscalía de Veracruz contra la Jueza, y las declaraciones públicas que se han hecho al respecto”. Refiriendo que los hechos descritos “revelarían la violación de las normas internacionales relativas a la independencia del Poder Judicial contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y precisadas en la Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos”.

Como se sabe, luego de su segunda detención, ocurrida el 16 de junio del año en curso, la Jueza Angélica Sánchez fue vinculada a proceso por su presunta participación en delitos contra la fe pública; y le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva por un año. Sin embargo, el 13 de julio de 2023, un Tribunal Colegiado determinó otorgarle una suspensión provisional para permitirle a la juzgadora enfrentar su proceso en libertad.

Posteriormente, el 8 de agosto de 2023, la Jueza Décimo Quinta de Distrito en Veracruz resolvió que la detención y procesamiento de la Jueza había violado la suspensión provisional que la protegía de ser privada de su libertad, ordenando dejar sin efectos todo lo actuado dentro del proceso penal instruido en su contra.

Cabe señalar que la violación a una suspensión otorgada dentro de un juicio de amparo también constituye un delito federal, que prevé penas de hasta 9 años de prisión.