Juez Adalberto López y notario Tomás Trujillo, presuntos implicados en “cártel inmobiliario”

Un año después de haber sido desalojadas de su vivienda en Xalapa, Alejandra Vanesa Ávila Lagunes y su familia continúan en el limbo jurídico. Señalan que fueron víctimas de un proceso plagado de irregularidades, basado en un poder notarial falso y ejecutado con una rapidez inusual, características que comparten con otros casos reportados en la Capital y que apuntan a la operación de una presunta red de despojo inmobiliario.

La mañana del 11 de diciembre de 2024, mientras dormían en su vivienda ubicada en la calle 13 de Septiembre número 62 de la colonia Isleta, su vida cambió de golpe. “Empezaron a tocar muy fuerte y rompieron las puertas para entrar a nuestro domicilio. Cuando bajé ya estaban sacando nuestras cosas”, relató Alejandra al señalar que, al preguntar el motivo del desalojo, sólo recibió como respuesta que supuestamente ya habían sido notificadas. “Nunca nos notificaron de nada”, afirmó.

Su hija, cuyo nombre está entre las propietarias del inmueble, corrió en pijama hacia los juzgados para intentar detener el procedimiento, pero no hubo respuesta efectiva. En enero, ya con acceso al expediente, descubrieron que el juicio se había llevado a cabo en Veracruz, aunque la casa se ubica en Xalapa, y que se basaba en un poder otorgado –según el expediente– a nombre de un hombre llamado Joel Castillo Guevara. Hasta hoy, ese supuesto apoderado no ha sido localizado.

Tras investigar, la familia buscó al Notario Público número 24 señalado en el documento, Tomás Trujillo Márquez, con su jurisdicción en Alto Lucero, quien ya respondió por diversas vías oficiales (Fiscalía General del Estado, Juzgado Federal y otro Juzgado), que ese poder no existe. Incluso precisó que el número de protocolo corresponde a una compraventa, no a un poder notarial.

“Mi preocupación es que todo el juicio lo hicieron muy corto, cuando estos procesos son largos. Está muy mal elaborado: el poder tiene 3 apoderados, el contrato de compraventa no coincide con el protocolo, y desde entonces llevamos un año sufriendo, pagando renta y sin recuperar nuestra casa”, afirma Alejandra, quien además se encuentra enferma y necesita una operación en el Centro de Cancerología (CECAN).

El desalojo, dijo, estuvo acompañado de humillaciones. “Cuando nos sacaron nos robaron cosas. Nos decían: ‘¿Qué se siente quedarse sin casa?’”.

La familia asegura que los abogados que se presentaron para realizar el desalojo tampoco coinciden con los nombres del expediente: mencionan a un hombre identificado como Miguel Isaac Gómez Gil Contreras, quien no aparece en el juicio, y también a Roly Domínguez Romero, quien tampoco figura.

El documento oficial señala a otros patronos: Jesús Miguel Ramírez Pozos y un tal Víctor Carrillo Estrada, a quien Alejandra nunca ha visto. Ante la rapidez del procedimiento y la falta de coincidencia en documentos, nombres y actuaciones, la familia teme la existencia de una red de protección. “Para haber hecho todo tan rápido es porque alguien los protege o porque existe algo de por medio. Nosotros llevamos un año tratando de recuperar nuestra casa sólo por un poder falso, mientras ellos actuaron en muy poco tiempo. Eso es lo que nos preocupa”, señala.

Los afectados han presentado denuncias contra el Juez Cuarto de Primera Instancia, Adalberto López Pozos, que dictó la sentencia en Veracruz, contra la Secretaria de Mesa y el Secretario de Acuerdos, Ángel Damián Ortiz García. Sin embargo, hasta ahora no han recibido resolución de la Judicatura. “¿Cómo es posible que en tan corto tiempo nos pudieron desalojar con un expediente tan mal elaborado?”, cuestiona.

Desde el día del desalojo, Alejandra ha buscado apoyo institucional. Presentó quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y también acudió directamente con la gobernadora Rocío Nahle. “Yo abordé a la Gobernadora el 16 de septiembre en un evento en Los Berros. Ella dio instrucciones para que me atendieran y resolvieran mi caso. Tengo mis oficios. He venido muchas veces a Palacio de Gobierno, pero no me hacen caso. Sólo me dicen que todavía no han visto mi expediente”, lamentó.

La familia cuenta con escrituras, prediales pagados y documentación completa que acredita su propiedad desde hace años. Nada de eso evitó que fueran desalojadas. “Es muy injusto que cualquier persona pueda ser sacada de su casa aun teniendo escrituras y sólo con un poder falso”, expuso.

Alejandra asegura que conoce más casos similares en Xalapa: inmuebles con documentos legítimos, desalojos exprés, poderes notariales apócrifos y procesos judiciales inusualmente rápidos. Todo ello, dice, apunta a un mismo modus operandi, donde participa el mismo fedatario de la Notaría Pública número 24 de Alto Lucero, Tomás Trujillo Márquez. “Sólo queremos que nos escuchen y podamos recuperar el único patrimonio que tenemos”, dijo al acusar complicidad en el Juzgado Cuarto de Veracruz, entre el encargado de la Mesa, el Secretario de Acuerdos, Juez y abogados.

Mientras tanto, la familia continúa pagando renta y exigiendo que, tras un año de omisiones, el Estado investigue y actúe.